El Gobierno aprueba la reforma que da la investigación a los fiscales y desata las alarmas en la judicatura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), un cambio normativo que entregará la instrucción penal a los fiscales, desplazando a los jueces de instrucción y que ha generado una fuerte controversia en el ámbito judicial. Un cambio crucial que analizan la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety, en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.

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El ministro de Justicia presenta la nueva ley de enjuiciamiento criminal

Riesgo de politización

La principal preocupación expresada por las asociaciones de jueces y fiscales es el riesgo de injerencias políticas. El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, advierte en COPE  de que, al ser España “un país muy polarizado”, “dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia, la politiza”.

En la misma línea, el portavoz de la asociación independiente de fiscales, Miguel Pallares, ha subrayado que “es imprescindible que el fiscal del caso concreto esté blindado, que se pueda realizar la investigación sin ningún tipo de injerencia”. 

Esta reforma llega seis días antes del juicio contra Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado que se sentará en el banquillo, aunque no le afectará al entrar en vigor en 2028.

Cambios en la cúpula fiscal

La reforma también plantea limitar el mandato del fiscal general a cinco años para desvincularlo del Gobierno. Sin embargo, señala la jefa de Tribunales de COPE que con esta reforma, se resta poder al Consejo Fiscal y se da más protagonismo a la Junta de Fiscales de Sala, mayoritariamente nombrados por el actual fiscal general y su predecesora, Lola Delgado, quien salió de una lista electoral del PSOE.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha criticado en COPE que la reforma no ha sido fruto de un pacto de Estado ni ha considerado las advertencias de los órganos consultivos. Además, ha añadido que “carecemos de los medios personales y materiales necesarios para afrontarlo con rigor” y que se necesita una reforma íntegra del estatuto fiscal para garantizar la independencia del poder ejecutivo.