Teresa Freixes, catedrática, desmonta la 'prioridad nacional' de Vox: "Es contraria a la Constitución y al derecho de la UE"

La experta en Derecho Constitucional analiza en COPE los pactos de PP y Vox y aclara las diferencias entre nacionalidad, residencia, arraigo y ayudas sociales

Teresa Freixes, catedràtica de Derecho Constitucional y vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana
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Teresa Freixes

Gloria López Navas

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3 min lectura9:19 min escucha

El concepto de prioridad nacional ha irrumpido en el debate político tras los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón. Dichos pactos contemplan aplicar este principio en el acceso a la vivienda protegida y a las ayudas públicas. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido en 'Herrera en COPE' que siempre será una "prioridad nacional ajustada a la legalidad", pero el concepto ha generado una fuerte controversia. Para arrojar luz sobre el asunto, la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixes, ha intervenido en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja.

Diferencias clave: nacionalidad, residencia y ciudadanía

Teresa Freixes ha comenzado explicando las diferencias fundamentales entre los distintos estatus legales. "Los estados otorgan la nacionalidad a sus ciudadanos de acuerdo con sus leyes", lo que confiere "todos aquellos derechos y obligaciones que la legislación vigente les otorga". A esto se suma la ciudadanía europea, un estatus suplementario para los nacionales de un Estado miembro de la UE, lo que significa que "puede haber un extranjero en España que tenga la ciudadanía europea", como un ciudadano francés o alemán.

Por otro lado, el permiso de residencia es la situación jurídica de una persona extranjera que accede legalmente a un país de la Unión Europea. Este permiso, o estar acogido al derecho de asilo, permite el "acceso a los derechos y obligaciones que van unidas al permiso de residencia, que no tienen por qué ser idénticas a los derechos y obligaciones que tienen los nacionales de un país", ha aclarado la catedrática.

La 'prioridad nacional', un eslogan ilegal

Freixes ha sido tajante al valorar el término acuñado por Vox. "Eso de la prioridad nacional es contrario al derecho de la Unión Europea y contrario a la Constitución", ha afirmado. La experta subraya que "no se puede discriminar a nadie por razón de su origen nacional", si bien matiza que la no discriminación "no siempre comporta trato idéntico, porque puede haber algún trato diferente que no sea discriminatorio y que tiene una justificación".

Lo de la prioridad nacional es un eslogan porque no está regulado en ningún sitio y estaría prohibido"

Teresa Freixes

Catedrática de Derecho Constitucional

La catedrática ha insistido en que el problema del concepto es que se trata de una construcción política sin base jurídica. "Es un eslogan eso de la prioridad nacional, porque eso sí que no está regulado en ningún sitio y, al contrario, estaría prohibido", ha sentenciado Freixes, desvinculándolo de cualquier normativa vigente.

 EL Arraigo y el requisito de las lenguas cooficiales

Preguntada sobre cómo se mide el arraigo para conceder ayudas, Freixes ha explicado que depende de la regulación de cada prestación, que a veces es nacional y otras deriva de programas europeos. Generalmente, "el arraigo normalmente exige residencia legal por un período de tiempo dentro de un país, y una cierta proximidad cultural", como el conocimiento de la lengua o la integración vecinal y familiar. Los plazos, ha añadido, varían entre 3, 5 o hasta 10 años, por lo que "hay que verlo siempre caso por caso”.

Finalmente, Teresa Freixes ha abordado la polémica sobre la posibilidad de exigir una lengua cooficial para mantener la residencia legal, una idea anunciada por Salvador Illa. La respuesta de la experta ha sido un "en absoluto" rotundo, argumentando que la Ley de Extranjería lo impide de forma explícita.

Salvador Illa se va a tener que tragar por segunda vez sus declaraciones"

Teresa Freixes

Catedrática de Derecho Constitucional

Según Freixes, la ley establece que "a los residentes legales no se les pueden exigir cosas distintas de las que para acceder a un trabajo, a una ayuda o lo que sea, tienen los españoles". Además, la norma solo da competencias a las autonomías para "la promoción de la lengua", no para imponerla como requisito. "Con lo cual, el señor Illa, se va a tener que tragar por segunda vez sus declaraciones, que parece que las cosas le entren por un oído y le salgan por el otro", ha concluido.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Visto en ABC

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