Todos tenemos la sensación de que esto ya lo hemos vivido. Y eso produce la fatiga emocional de la que hablaremos enseguida.

Pues, no. No lo habíamos vencido. No lo habíamos vencido y Sánchez aceleró la nueva normalidad y mandó mensajes demasiado optimistas. Y no modificó la legislación sanitaria, como prometió, para que las CAS pudieran tener herramientas jurídicas para hacer frente a la situación. No vencimos al virus, desde mediados de agosto tenemos una tasa de incidencia que nos sitúa en las referencias de alerta.

No hubo estabilización como dice Simón a mediados de octubre. Y con el virus disparado y las hospitalizaciones disparadas, el Gobierno aprobó ayer el estado de alarma con toque de queda generalizado y dotó a las CAS, ahora sí, de herramientas para limitar la movilidad. El toque de queda es el último cartucho, para evitar otro confinamiento total.

Se lo inventó Macron. Último cartucho. Es difícil cuestionar el estado de alarma, porque estamos en una situación crítica, porque sin estado de alarma no puede haber toque de queda y porque las CAS necesitan paraguas jurídico para limitar la movilidad. El PP lo sabe, de los presidentes de las CAS del PP solo Feijóo lo ha criticado abiertamente, porque Ayuso se ha quedado a medias. Casado, que esta vez si fue informado por Sánchez, ha fijado posición y ha pedido dos condiciones para apoyarlo.

Casado pide limitarlo a ocho semanas y que Sánchez cumpla lo que prometió: una reforma de la ley de medidas especiales en materia de Salud Pública. Sánchez pretende, como ya sabemos, que el estado de alarma llegue hasta el 9 de mayo. Un plazo tan largo va en contra del espíritu de la Constitución, y la ley que regula los estados de excepción y de alarma. Una prorroga tan larga supone que no haya control parlamentario cuando se están limitando derechos fundamentales. La ministra Carolina Darias, ya ha dicho que no está dispuesto a aceptar las condiciones que ha puesto el PP.

La ministra Darias ha respondido demasiado rápido y con cajas destempladas. Nunca el Gobierno de Sánchez debió dar a la oposición los estados de alarma precocinados, pero empeñarse en seis meses de limitación de libertades sin control parlamentario hace sospechar.