El profesor de Derecho, Jesús Zarzalejos, explica la sentencia que liberó a 24 narcos: "Pone en riesgo la protección de la prueba"

La Audiencia Nacional ha decretado la libertad de 24 presuntos miembros de una red de narcotráfico tras una sentencia del Tribunal Constitucional que ha modificado los requisitos para la prisión provisional. Esta decisión, que afecta a los implicados en la operación del narcotúnel de Ceuta, ha generado un intenso debate jurídico y una profunda preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía Antidroga.

La sentencia que cambia la lucha contra el crimen organizado

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El fallo del Constitucional, con fecha del 23 de febrero, establece que el juez debe "concretar las fuentes de prueba" al informar a un detenido que va a ingresar en prisión. En el caso que originó la doctrina, se le denegó a un guardia civil implicado el acceso a la transcripción de una conversación telefónica, lo que el tribunal consideró una vulneración de su derecho a la defensa al no poder rebatir los indicios en su contra.

Un nuevo criterio con graves consecuencias

Como consecuencia directa, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, procedió a excarcelar a los 24 investigados al ver que los recursos prosperarían. La fiscal jefe antidroga, Rosana Morán, ya ha advertido de que la nueva doctrina podría provocar una "avalancha de recursos en otras investigaciones con peticiones de libertad masivas".

El profesor de Derecho, Jesús Zarzalejos, ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE el conflicto que genera esta sentencia entre el deber del Estado de investigar y el derecho a la defensa de los ciudadanos. Zarzalejos considera que aunque la doctrina parte de premisas garantistas, su aplicación pone en una situación muy comprometida las investigaciones bajo secreto sumarial.

Pone en riesgo la protección de la prueba, que es lo fundamental, en este caso"

El jurista subraya que el fallo asume un concepto "muy discutible", y es que la información sobre un sospechoso solo le afecta a él, cuando en realidad tiene un "efecto expansivo". Según explica Zarzalejos, desvelar pruebas en una fase tan inicial, como una conversación grabada, no solo afecta al investigado, sino "a otros investigados, incluso a los que no se sabe si todavía van a ser investigados, y por lo tanto tiene un efecto expansivo que puede poner en riesgo la protección de la prueba". Puedes escuchar el análisis completo en el siguiente enlace.

La frustración de las fuerzas de seguridad

La noticia ha caído "como un balazo" entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, según ha relatado el periodista de ABC Pablo Muñoz. La percepción en el cuerpo es que la balanza se inclina demasiado hacia los derechos de los delincuentes, resintiendo "el derecho de la sociedad a ser protegida". Existe el temor de que esta exigencia de transparencia frustre operaciones no solo contra el narcotráfico, sino también contra el terrorismo o la trata de seres humanos.

Desde el sindicato JUPOL, su portavoz, Laura García, defiende que la prisión provisional es una "herramienta fundamental" para evitar fugas y la destrucción de pruebas en investigaciones que duran meses o años. Alertan de que, sin ella, los agentes que participan en estas operaciones quedan más expuestos, como demuestra el calvario de algunos inspectores, y se genera una "sensación clara de falta de respaldo".

Si no somos capaces de dar herramientas eficaces a fuerzas y cuerpos de seguridad, corremos el riesgo de ir siempre un paso por detrás de las organizaciones criminales"

La portavoz sindical pide "equilibrio" para no debilitar la credibilidad del sistema. "Si las investigaciones no salen adelante, si las organizaciones criminales siguen delinquiendo, la prisión preventiva deja de ser una herramienta eficaz", lamenta, añadiendo que "si no somos capaces de dar herramientas eficaces a fuerzas y cuerpos de seguridad, corremos el riesgo de ir siempre un paso por detrás de las organizaciones criminales".

El 'narcotúnel' que originó la polémica

La causa que ha desencadenado este terremoto judicial es la 'operación Hades', que destapó por primera vez en España un túnel para introducir droga desde Marruecos. La infraestructura, de 50 metros de largo y a 12 de profundidad, conectaba el país vecino con una nave en el polígono del Tarajal, en Ceuta. Este 'modus operandi', similar al de los narcos mexicanos, era el eje de una compleja red que, según la investigación, contaba con la colaboración de funcionarios corruptos. El éxito de estas operaciones es vital en la lucha contra el narcotráfico, que se libra en múltiples frentes, como el desmantelamiento de fumaderos en Huelva.

Esta situación recuerda a la generada en 2017 por otra revisión doctrinal que también provocó excarcelaciones sonadas, como la del capo Ignacio Torán. Sin embargo, los expertos coinciden en que la sentencia actual va "más allá", dificultando que la prisión provisional se adopte de forma automática. Ahora, los jueces instructores se enfrentan al dilema de cómo proteger la investigación sin vulnerar el derecho a una defensa con todas las garantías.