"Me parece muy difícil que en el análisis que está haciendo la UCO no aparezcan fondos no declarados que hubieran servido para financiar campañas electorales de Pedro Sánchez"

El 'caso Koldo' es solo el principio de un procedimiento mucho más amplio que podría extenderse hasta la cúpula del PSOE y el propio presidente del Gobierno. Así lo ha explicado el periodista de El Confidencial, José María Olmo, en el programa 'La Linterna' de COPE, donde ha señalado que la trama de las mascarillas es únicamente "un aperitivo de todo lo que queda por juzgar". Tras la reciente comparecencia de Koldo García en el Parlamento de Navarra, las ramificaciones del caso apuntan a una presunta financiación ilegal del partido.

La reaparición de Koldo en Navarra y el caso Mascarillas

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Un caso más allá de las mascarillas

La investigación inicial, conocida como el 'caso mascarillas', se centra en la adjudicación de contratos de emergencia en 2020 para la compra de material sanitario a cambio de supuestas comisiones ilegales. Según Olmo, empresas controladas por el Ministerio de Transportes adquirieron material a compañías presentadas por Víctor de Aldama, figura clave en el engranaje. Sin embargo, el periodista subraya que esta es solo una pieza de un puzle que se extiende a otros juzgados y que implicaría a más "altos cargos del Partido Socialista".

En este contexto, el Tribunal Supremo ha dado un plazo de tres días a las partes para pronunciarse sobre la petición de libertad de Ábalos y Koldo, aunque Olmo ve "difícil" que salgan de prisión antes del juicio. "No se ha desvirtuado ninguno de los indicios que existe en estos momentos contra ellos y el riesgo de fuga permanece", ha asegurado, recordando que existe la sugerencia de que Koldo estaría dispuesto a tirar de la manta.

El caso de las mascarillas solo es un aperitivo de todo lo que queda por juzgar y por conocer"

La sombra de la financiación ilegal

El punto más grave de la investigación, según el análisis de Olmo en COPE, es la posible financiación ilegal del Partido Socialista, que podría afectar directamente a Pedro Sánchez como máximo responsable. El periodista recuerda que Santos Cerdán y José Luis Ábalos dirigieron el partido durante años. "Sabemos que manejaban dinero en efectivo, que tenían patrimonio oculto y que incluso maniobraron para adulterar adjudicaciones públicas millonarias", ha detallado.

Es en esta línea donde Olmo ha lanzado su advertencia más contundente sobre el análisis que realiza la UCO. "Me parece muy difícil que en el análisis que está haciendo la UCO no aparezca fondos no declarados que hubieran servido para financiar campañas electorales de Pedro Sánchez", ha afirmado el periodista.

Me parece muy difícil que en el análisis que está haciendo la UCO no aparezca fondos no declarados que hubieran servido para financiar campañas electorales de Pedro Sánchez"

Canarias y las empresas públicas

Otra de las ramificaciones de la trama apunta a Canarias, donde el actual ministro Ángel Víctor Torres podría pasar de testigo a imputado. Se investiga si "sobrepasó la diligencia exigible" para reclamar pagos a empresas de la trama, un comportamiento que, según Olmo, "se parece mucho al tráfico de influencias". Además, la investigación podría destapar el presunto amaño de obras públicas, sobre todo en Navarra, tras la reaparición de Koldo en la comunidad foral.

El periodista también ha mostrado su sorpresa ante la inacción de empresas públicas como Ineco y Tragsatec, a las que el Supremo ha ofrecido personarse como perjudicadas. Olmo se pregunta por qué no han reclamado antes la devolución de salarios pagados por servicios no prestados, como en el caso de Jessica, expareja de Ábalos, que "como ella misma contó, nunca llegó a trabajar". "Es algo que hemos tenido que sufragar con nuestros impuestos todos los ciudadanos", ha sentenciado.

Finalmente, Olmo ha ligado el 'caso Koldo' con otras polémicas que afectan al presidente, como el rescate de Air Europa, empresa que "acabó patrocinando a la mujer del presidente". Para el periodista, las distintas investigaciones se retroalimentan y forman una "avalancha imparable" que ni un poder judicial que el Gobierno "intenta controlar con mano de hierro puede frenar".