"Con el registro horario de Yolanda Díaz han detectado un problema técnico muy grave acerca de la posibilidad real de que los sistemas digitales puedan procesar toda la información"

El polémico refuerzo del registro horario impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha topado con un obstáculo mayúsculo. Según se ha analizado en el programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito y el experto económico Iván Alonso, el Consejo de Estado ha detectado "un problema técnico muy grave acerca de la posibilidad real de que los sistemas digitales puedan procesar toda la información" que generaría la medida. Pese al revés, la ministra de Trabajo se mantiene firme en su propósito.

Choque frontal en el Gobierno

La tensión en el Gobierno de coalición ha escalado notablemente. Este miércoles, en el Congreso y flanqueada por los ministros socialistas María Jesús Montero y José Manuel Albares, Yolanda Díaz ha acusado directamente al Ministerio de Economía de "colocarse del lado de la patronal". Esta afirmación se produce tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que recoge duras críticas no solo de Economía, sino también de Función Pública y de la Agencia de Protección de Datos.

La vicepresidenta ha insistido en que la reforma es parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar y ha calificado de "muy grave" que el departamento de Carlos Cuerpo intente, a su juicio, boicotearlo. La ofensiva de Díaz comenzó con un mensaje en redes y culminó en el Congreso, donde ha reiterado su intención de seguir adelante, ignorando las reticencias de una parte del Ejecutivo.

Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer"

La respuesta de Díaz ante las críticas ha sido contundente. "Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra", ha declarado en sede parlamentaria. Con firmeza, ha añadido: "Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer". El objetivo de la ministra es combatir los 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas que, según sus datos, se realizan cada semana en España.

Un dictamen desfavorable y sus claves

El informe del Consejo de Estado aplaude el objetivo de la norma, pero cuestiona casi todos sus aspectos. El dictamen considera que el decreto no mide correctamente el impacto económico en las empresas, que según las primeras estimaciones podría suponer pérdidas de casi 900 millones para las pymes. Además, alerta de que la norma podría invadir competencias de la negociación colectiva y no garantizar la protección de datos de los trabajadores, un riesgo que también afecta a la salud laboral y sobre el que advierten expertos en la importancia de un entorno de trabajo saludable.

Desde el punto de vista legal, las dudas son también profundas. Expertos como el abogado laboralista Jesús Lahera han señalado que la medida podría no ser legal. En declaraciones a 'Herrera en COPE', ha explicado que "este reglamento no cumple con la legalidad, por tanto, se extralimita de lo que dice la ley". Según Lahera, "un reglamento no puede imponer su digitalización, y menos hacerlo de manera intervencionista con la rigidez que hace este reglamento y al margen de los convenios colectivos".

Un reglamento no puede imponer su digitalización"

Reacciones y futuro de la norma

Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras los sindicatos han expresado su "profunda preocupación" por el dictamen, las patronales han comunicado su "satisfacción". Ante este escenario, el Ministerio de Trabajo ya ha anticipado que realizará "cambios menores" en el texto para intentar blindarlo ante la más que probable batalla judicial, especialmente en lo relativo a la protección de datos y la negociación colectiva.