"El problema no es el acuerdo de Mercosur y la UE, es que no se ha firmado tener las mismas condiciones laborales que nosotros para que no se produzca dumping"

El Parlamento Europeo ha paralizado el acuerdo de libre comercio con Mercosur. La decisión, adoptada por solo 10 votos de diferencia, supone enviar el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine si vulnera los tratados comunitarios, lo que podría retrasar su ratificación hasta dos años. El tema ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Expósito, donde los expertos han desgranado las claves de este inesperado revés para la Comisión Europea.

Una compleja guerra de intereses

La directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha explicado que en Europa coexisten tres grandes poderes: el Parlamento, la Comisión y los países miembros. Esto genera una "guerra de lobbies e intereses cruzados" no solo entre sectores, sino también entre países y empresas. A pesar de la votación, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, tiene la potestad de ignorar al parlamento y aplicar el acuerdo de forma provisional, aunque por ahora prefiere esperar para buscar el consenso de los líderes europeos.

De hecho, la vicepresidenta de la comisión, Teresa Rivera, ha afirmado que es necesario analizar la situación y, en paralelo, "trabajar por la aplicación provisional de un tratado que es importante". Según el periodista económico Iván Alonso, la Comisión no tiene la obligación legal de esperar a la Eurocámara, pero las actuales divergencias políticas y la controversia que genera el pacto aconsejan prudencia hasta saber si cuenta con el visto bueno de los líderes.

La competencia justa, el fondo del debate

Se toman decisiones en base a planteamientos políticos encima de un papel por gente que no vive la realidad de sus ciudadanos"

Para Pilar García de la Granja, el debate de fondo no es si los acuerdos de libre comercio son positivos, ya que considera que "todos los acuerdos que permiten la libre competencia y la apertura de mercados son una oportunidad". El verdadero problema, según la experta, es que en este pacto no se han incluido cláusulas fundamentales para asegurar una competencia leal. "El problema no es el acuerdo, el problema es que en ese acuerdo no se han firmado cuestiones que son fundamentales, como, por ejemplo, que tengan que tener las mismas condiciones laborales que nosotros, para que no se produzca un dumping en costes y precios", ha sentenciado.

A nosotros nos están apretando cada vez más con normas medioambientales y burocráticas, y ahora se va a liberalizar el poder atraer todo lo de allí sin ninguno de sus controles"

Esta visión es compartida por el sector primario, que lleva meses denunciando la competencia desleal que supondría el acuerdo frente a países como Brasil o Argentina. Los agricultores y ganaderos protestan por la desigualdad que genera la situación, pues como expresaba un afectado: "a nosotros nos están apretando cada vez más con normas medioambientales y burocráticas, y ahora se va a liberalizar el poder atraer todo lo de allí sin ninguno de sus controles". A esto se suma la preocupación por la seguridad sanitaria de los productos importados, ya que no estarían sujetos a los mismos estándares de calidad y trazabilidad que se exigen en Europa.

Un laberinto jurídico y político

El periodista Iván Alonso ha detallado que detrás de la votación se encuentra una heterogénea coalición de eurodiputados (verdes, izquierda, extrema derecha y representantes franceses de todos los grupos) que cuestionan la legalidad del pacto. El punto de fricción es el llamado "mecanismo de reequilibrio", una cláusula que temen que pueda "limitar la soberanía europea" al permitir a un tribunal de arbitraje actuar sobre futuras leyes.

La Comisión defiende que este mecanismo no restringe la capacidad regulatoria y está convencida de que los tribunales le darán la razón, argumentando que se basa en la Organización Mundial del Comercio y ya está en otros pactos, como el acuerdo con Chile. Sin embargo, la resolución del TJUE podría demorarse entre año y medio y dos años, sumiendo al acuerdo en una incertidumbre que evidencia lo que García de la Granja ha calificado como una "maraña de burocracia" sin un liderazgo claro en la Unión Europea.