"Es la primera vez que un migrante puede solicitar su regularización, antes los que presentaban la documentación eran los empleadores"

El Gobierno va a aprobar este martes por Real Decreto una regularización extraordinaria que podría beneficiar a cerca de 500.000 migrantes que ya residen en España. La medida, que ha generado controversia por su forma, tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que logró reunir más de 600.000 firmas y el respaldo de más de 900 organizaciones sociales, con Cáritas a la cabeza. Dicha iniciativa fue tomada en consideración con una amplia mayoría en el Congreso, incluyendo el voto a favor del Partido Popular y con la única oposición de Vox.

Escúchalo en Podcast

Mr. Dato | Cómo se solicitaba hasta ahora la regularización de un migrante

Mr.Dato

Escuchar

Pese al consenso inicial, el Ejecutivo paralizó su tramitación parlamentaria y ha optado ahora por la vía unilateral del decreto, una decisión que ha suscitado críticas. Aunque se considera una idea acertada en el fondo desde un punto de vista moral y práctico para reparar una situación de injusticia, la estrategia política adoptada por el Gobierno ha sido cuestionada por diversos sectores.

Las dudas jurídicas de la forma

El periodista Antonio Naranjo, en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado las implicaciones legales de esta decisión. Según Naranjo, la medida podría acabar recurrida tanto en Europa como en el Tribunal Supremo, una vía que Vox ya ha confirmado que explorará. El experto ha señalado que existe materia jurídica para un recurso, ya que "el uso abusivo de un real decreto para no pasar por el parlamento desborda los límites legales previstos para esa figura", concebida solo para "razones de urgencia y necesidad".

El uso abusivo de un real decreto para no pasar por el parlamento desborda los límites legales previstos para esa figura"

Antonio Naranjo

Periodista

Además, Naranjo ha explicado en el programa de Carlos Herrera que este decreto modifica un reglamento clave usado en procesos anteriores, donde la regularización se vinculaba a "la certeza de un puesto de trabajo". Antes eran los empleadores quienes debían iniciar los trámites, un sistema que, aunque tedioso, garantizaba la integración a través del empleo. Este cambio es significativo, ya que, según el periodista, "va a ser la primera vez que el inmigrante directamente pueda plantearlo".

Una cuestión moral y económica

Más allá de la controversia legal, la regularización busca dar solución a un problema de fondo. Se trata de reparar una situación injusta para cientos de miles de personas que, pese a vivir y trabajar en España, carecen de derechos sociales, laborales y sanitarios. Desde un punto de vista práctico, su regularización es vista como una necesidad económica. Estas personas contribuirán de manera directa "al sostenimiento del sistema como el resto de trabajadores con sus cotizaciones y con sus impuestos".

Los argumentos a favor de la medida se apoyan también en proyecciones demográficas. Con una "tasa de natalidad raquítica", la llegada de nuevos cotizantes es fundamental para mantener el estado del bienestar. De hecho, el Banco de España estima que el país necesitará cerca de 25 millones de migrantes de aquí a 2053 para que el sistema sea sostenible.

Requisitos y precedentes

El decreto no pretende "abrir las fronteras de par en par", sino dar una solución a quienes ya tienen un arraigo demostrado. Según el pacto del Gobierno con Podemos, la regularización beneficiará a quienes acrediten que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, durante al menos cinco meses, y que no tengan antecedentes penales. Esta no es la primera vez que se realiza un proceso de estas características, ya que hubo regularizaciones extraordinarias en los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.