"Vamos a respetar el tiempo de la justicia. Ni defendemos a Julio Iglesias, que se puede defender solo, ni somos nadie para condenarle, y tampoco para revolcarnos en el morbo"

Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana; las 7 en Canarias. Hoy es miércoles 14 de enero. El tiempo es un poco más estable que el de ayer y la noticia sigue peregrinando por barrios.

En las últimas horas, muy centrada toda la atención en Irán y en los mensajes de Trump diciendo: «La ayuda ya está en camino. Enfrenten ustedes a las autoridades», y en el número de fallecidos por las revueltas y por la represión del régimen de los ayatolás, en el que no hay acuerdo, porque unos hablan —llegan hasta la cifra— de 10.000 muertos. Son muchos muertos. Otros se quedan en 1.000, en 500, en 800… Bueno, normalmente eso, cuando se disipan después de las batallas los escenarios, es cuando se puede empezar a contar, a saber qué es lo que ha pasado del todo, y veremos cómo acaba esa historia.

En España hoy se habla mucho —ayer se habló mucho— de Julio Iglesias. Las televisiones se lanzaron en plancha sobre los testimonios de dos antiguas trabajadoras de su casa que le han acusado de agresión sexual y acoso laboral. En este caso, la denuncia periodística está apoyada por otra denuncia ante los tribunales que ya investiga la Fiscalía. Y aquí siempre se genera un auténtico espectáculo de morbo, de políticas. Los testimonios son explícitos, escabrosos. Es un festín para el amarillismo y, pase lo que pase en los tribunales, para algunos Julio Iglesias ya ha sido juzgado y condenado por un grupo de medios y de políticos que exigen su escarnio civil.

Julio Iglesias, sin embargo, tiene a su favor ese principio sagrado según el cual todo el mundo es inocente hasta que se demuestra la culpabilidad. Aquí lo que tenemos son denuncias impactantes, pero denuncias, y ahora la justicia tiene que valorar si esas denuncias se convierten en pruebas de un delito.

Lo de la consigna «Yo sí te creo», como dijo el propio Errejón, no pasa de ser un lema político y, además, sus promotores lo aplican de una manera muy selectiva. Si el supuesto agresor es progre de izquierdas, pues a la hermana no se la cree o se le hace luz de gas; cuando el denunciado es un señor sospechoso de ser de derechas, entonces aparece una ministra —esta o la de ayer o la de hoy, Milagritos Redondo— a dictar inmediatamente la condena de la muerte civil.

Vamos a respetar el tiempo de la justicia. Ni defendemos a Julio —que se puede defender solo—, ni somos nadie para condenarle, y tampoco para revolcarnos en el morbo. Yo añadiría, además, una reflexión sobre este asunto. Mire, vivimos en el siglo XXI. Las mujeres cuentan con todo tipo de leyes que las protegen para no tener que soportar ninguna conducta impropia y ningún abuso. Las mujeres —y también los hombres— no tienen por qué permanecer en un trabajo donde puedan sentirse incómodos o tolerar a jefes que no sepan comportarse. Hay fiscalías especiales, hay sindicatos, hay asociaciones de mujeres, hay todo tipo de recursos para proteger a las mujeres que necesitan protección.

O sea, no puede ser que después de tantos años de cultura y de política feminista, de miles de millones gastados en protección, aquí siga valiendo el argumento de que no se denuncia por miedo. Hay que denunciar, pero hay que denunciar cuando los hechos ocurren, no treinta años después. La causa de la igualdad de oportunidades y de los derechos de las mujeres es una causa absolutamente digna, que además apoyamos la gran mayoría de los hombres, pero no puede ser una causa que se sitúe al margen de los principios generales de la justicia. El victimismo es todo lo contrario de la defensa cabal, de la defensa efectiva de las víctimas.

Bueno, y hasta aquí.

Y hablando de justicia, alguien tendrá que explicar cómo es posible que un inhabilitado pueda seguir ejerciendo su actividad. Sí, sí: el fiscal general del Estado. Ahora tenemos la ocurrencia de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, amiga del condenado, que ha decidido interpretar la ley a favor de su amiguito. Y les recuerdo que fue inhabilitado por un delito de revelación de secretos y que tanto el Reglamento de la Carrera Fiscal como el Estatuto del Ministerio Fiscal establecen que un fiscal condenado por delito doloso pierde su condición de fiscal. Pero no aquí. Álvaro García Ortiz sigue la carrera y ha sido nombrado fiscal del Supremo en la Sala de lo Social, que es una curiosa manera de ser inhabilitado.

Bueno, entre los asuntos elementales del día de hoy hay uno muy importante: la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero, la diva fiscal —según una chirigota de Cádiz—, y la consejera de Hacienda de Cataluña van a imponer a todos los demás el trágala de la nueva financiación autonómica, que es una hoja de Excel que Salvador Illa le dio directamente a María Jesús Montero: «Toma, esto es lo que hay que hacer: 5.000 millones más para nosotros y todo lo que se recauda en Cataluña se queda en Cataluña».

Eso pasará también dentro de Cataluña. Es decir, lo que se recauda en los barrios más ricos de Cataluña, ¿se queda en esos barrios más ricos o eso se mezcla y se reparte solo dentro de Cataluña? Esto saldrá adelante porque el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos del Consejo, con lo que, con que le apoye una sola comunidad, ya es mayoría. Ya veremos qué hacen Castilla-La Mancha y Asturias, que van a salir bastante perjudicadas.

Hace un año, cuando se discutió la quita de la deuda, los consejeros de las comunidades del PP protagonizaron un plante y hoy posiblemente veremos algo similar, o puede pasar algo parecido.

Mientras, los caseros y propietarios de vivienda que la tienen en alquiler —que trabajaron toda su vida para poder comprarse un piso, o trabajó su padre para que él se criara en ese piso que ha heredado, para completar con ese alquiler su pensión, sus ahorros…—; el que ha puesto sus ahorros en danza para la compra de un piso es, según la burricie en persona que es Ione Belarra, una sanguijuela. Les ha llamado sanguijuelas a los propietarios. Una tía que no ha trabajado en su vida, que no ha dado un palo al agua, que pasó de hacer el máster de la carrera a entrar en Podemos y, a partir de ahí, pues ya ven ustedes lo que son. Usted se sacrificó, usted trabajó, usted compró aquel pequeño piso de barrio, lo pone en alquiler, eso le ayuda a pasar el mes… y es usted una sanguijuela.

Si por estos fuera —por cierto, estos forman parte del Gobierno—, usted no tendría ese piso. La propiedad no existiría y, además, si lo tuviera, ellos le dirían a quién tiene que alquilarlo y a qué precio y en qué condiciones. Y si se lo ocupan, ellos no le van a defender, porque no defienden la propiedad privada. Y esos individuos e individuas, como esta Ione Belarra, han formado parte del Gobierno. Bueno, forman parte del bloque de la extrema izquierda que configura este Gobierno de izquierda extrema. Y ahí tan felices, cada uno.

Por cierto, ayer el Gobierno aprobó un proyecto de ley para ampliar el derecho de rectificación que ya existe en los medios y aplicarlo a los usuarios de redes sociales para luchar contra los bulos; la desinformación. En realidad, lo que quiere es asustar a los medios digitales y a los que ejercen opinión en redes sociales.

O sea, que Bolaños, Gracita Bolaños, empezará aplicándole la ley a las barbaridades que escribe su compañero de Gobierno, Óscar Puente, en su Twitter. También se la puede aplicar a la propia Televisión Española. ¿Cómo será lo que está pasando que hasta el Consejo de Informativos, el megaprogre Consejo de Informativos, ha sacado una nota feroz contra la manipulación que se viene haciendo en algunos programas de la tele pública.