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Gay de Liébana, sobre las empresas destruidas: “Las decisiones gubernamentales han sido fatídicas y nocivas”

Tanto cierre perimetral, prohibición de movilidad, reiterados confinamientos... ha estrangulado a la economía española. Las decisiones gubernamentales han sido fatídicas y nocivas

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Gay de Liébana

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:10

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Los ánimos empresariales se calientan y se pasa a la acción, Don Carlos. Son 50.000 empresas destruidas en este último año, con una serie de sectores tremendamente castigados por las medidas restrictivas que el Gobierno ha tomado. Un total de 287.000 millones de euros que se han dejado de facturar, consecuencia de la caída del PIB en 2020 que por lo menos habrá sido del 11%. Si tomamos el PIB de 2019, 1.245.772 millones €, esos 287.000 millones equivalen al 23%. Golpe contundente, pues, Don Carlos, con demasiados damnificados. Tanto cierre perimetral, local, comarcal, autonómico, prohibición de movilidad, reiterados confinamientos, imponer cierres de negocios y actividades, ha estrangulado a la economía española. Las decisiones gubernamentales han sido fatídicas y nocivas. Con los ingresos desaparecidos, permanecen los costes fijos. Sin cobros y sin hacer caja, hay que pagar. Sin exoneraciones fiscales ni sociales, la bola de la deuda se agranda. Sin ayudas del Estado, se mata por asfixia a nuestras empresas. La falta de liquidez se ha tornado en insolvencia. Turismo, ocio, hostelería, comercio, arte, transporte…, han perdido 40.000 empresas. Y tras ese dato, el aluvión de destrucción de empleo que conlleva.

Con ese panorama, Meliá y NH hoteles reclamando al Gobierno 200 millones por el cierre de hoteles han dado el pistoletazo de salida. Más grupos hoteleros y cadenas comerciales sumarán más reclamaciones. En breve, Don Carlos, estaremos ante un tsunami multimillonario de demandas. La hostelería no se quedará atrás. Las cadenas textiles seguirán los pasos. Las concesionarias de infraestructuras, los contratistas del Estado, que son empresas que explotan aparcamientos, líneas de autobús, constructoras, autopistas, etcétera, reclaman por la vía administrativa recuperar los sobrecostes soportados.

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