"Es un banco español el que tiene el mayor número de pisos de alquiler en España, sólo el 8% del total está en manos de grandes tenedores"

La regulación de la vivienda en alquiler ha vuelto al Congreso con la posible anulación del decreto del Gobierno que permitía prorrogar los contratos manteniendo el coste. Esta situación ha sido analizada por la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha advertido de las graves consecuencias. Según sus estimaciones, hasta 600.000 contratos estarían en "riesgo real" de sufrir una subida, lo que afectaría a entre 1,5 y 2 millones de personas.

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Caída del decreto de la prórroga de los alquileres | Economía de Bolsillo

Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja

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Un mercado cada vez más pequeño

A preguntas de Jorge Bustos, García de la Granja ha descrito la situación del sector como un "mercado menguante" con cada vez más gente buscando un sitio para vivir. La experta ha aportado un dato clave sobre la estructura de la propiedad: "El 92% de los pisos en propiedad están en manos de pequeños tenedores y tan solo el 8% en manos de grandes tenedores". Además, ha señalado que un banco español, junto a fondos de inversión, es el mayor tenedor de pisos de alquiler en España.

El Gobierno ha aprobado en los últimos años una serie de medidas para contener los precios, como la congelación del precio del alquiler en más de 600.000 contratos de vivienda habitual. Los inquilinos han podido solicitar una "prórroga extraordinaria de hasta 2 años", manteniendo las mismas condiciones, aunque esta opción debía ser solicitada expresamente. A esto se suma la limitación de las subidas anuales al 2% y otras regularizaciones aplicadas a partir de la Ley de Vivienda de 2023.

La asfixia de los propietarios

Desde el punto de vista de los dueños, la situación es insostenible. Según ha explicado Pilar García de la Granja, los propietarios argumentan que están perdiendo dinero. "Si los costes de mantenimiento, los impuestos y la inflación en general suben, congelar el alquiler supone una pérdida de poder adquisitivo real", ha sentenciado la periodista.

A esta pérdida económica se añade la "inseguridad jurídica" que, según García de la Granja, provocan los constantes cambios en las leyes de vivienda. Esta situación "genera desconfianza" y lleva a los propietarios a no querer comprometerse "a largo plazo con precios inalterables". Además, ha destacado que "las leyes actuales protegen más al inquilino, complicando la recuperación de la vivienda en caso de impago u ocupación".

Riesgo de batalla judicial

El escenario se complica aún más después de que desde Sumar se haya animado a los inquilinos a solicitar las prórrogas. Si finalmente decae el decreto, García de la Granja vaticina que "miles de tenedores particulares van a iniciar una cascada de litigios por esas prórrogas aplicadas en el último mes", lo que generará una "consiguiente inseguridad jurídica para inquilinos y para tenedores".

La solución habitacional no puede recaer sobre los hombros de los pequeños propietarios"

En este sentido, la experta ha sido tajante al afirmar que "la solución habitacional no puede recaer sobre los hombros de los pequeños propietarios", que suponen el 92% del total. Una idea que ha compartido Jorge Bustos, quien ha concluido que negar la expectativa de un retorno de la inversión a los dueños provoca que no saquen sus pisos al mercado, reduciendo la oferta y dificultando la emancipación.