Pilar Cisneros, testigo de las consecuencias de la nueva tasa de basuras: "Una mujer jubilada de Madrid que vive sola ha pagado 422 euros; he visto la factura"

La nueva tasa de basuras ha generado una fuerte controversia en distintos puntos del país. Durante el programa 'Herrera en COPE', se ha expuesto el descontento ciudadano a través del caso de Saturnino, un residente que, junto a sus vecinos, está peleando para que se retire esta, según consideran, excesiva tasa. El propio Ayuntamiento de Madrid ha calculado que la media para este año se sitúa en unos 142 euros, una cifra que muchos consideran ya elevada.

Un caso que triplica la media

Pilar Cisneros ha puesto voz a la polémica al revelar un caso extremo en antena. "He visto con mis propios ojos una factura de 422 euros", aseguró Cisneros, correspondiente a "una mujer que vive sola" en un piso de la calle Doctor Izquierdo de la capital. Este importe casi triplica la media estimada por el consistorio para este año.

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María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias

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Aunque la vivienda se encuentra en un barrio con un alto valor catastral, el dato más llamativo es que la afectada es una mujer jubilada que vive sola. Ante la creciente polémica, el Ayuntamiento de Madrid ya ha comunicado que habrá cambios de cara a la tasa del 2026 para ajustar el cálculo del impuesto.

El problema, sin embargo, no se limita a la capital. La nueva tasa de basuras ha provocado una gran disparidad de criterios en toda España. Según un estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, un hogar en Valencia podría pagar hasta 287 euros anuales, mientras que en Toledo la cifra es de 87 euros. Esta diferencia se debe a que, ante la falta de una directriz unificada, cada ayuntamiento ha aplicado un método de cálculo distinto, basándose en el valor catastral, la superficie de la vivienda o el número de habitantes.

La FEMP la califica de "imposición por cabezonería"

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha sido una de las voces más críticas, calificando la medida de “gran mentira” y “cabezonería de Pedro Sánchez”. 

García-Pelayo ha negado que la Unión Europea exija crear una tasa específica, afirmando que Bruselas solo indica que “hay que empezar a cobrar por la prestación de un servicio, que es el de reciclaje”. Para la presidenta de la FEMP, la norma es un “claro desprecio hacia la autonomía de los ayuntamientos”, a los que se impide decidir cómo o incluso si cobrar por estos servicios.

García-Pelayo ha advertido además que la tasa es “diabólica” por la falta de criterios para su implantación, lo que generará una “discriminación brutal” y un previsible “aluvión de recursos” que amenaza con provocar un caos judicial y administrativo en los consistorios.