Carmelo (76), afectado por inquiokupación: "Solo me falta coger la fregona, venir a fregarles la casa y traerles el carrito de la compra; es un gratis absoluto"

El pasado noviembre conocimos en 'Herrera en COPE' la historia de Carmelo, un jubilado de 76 años del barrio de Canillas, en Madrid, que ha vivido un auténtico calvario durante más de seis años por un caso de 'inquiokupación'. Afortunadamente, su pesadilla ha terminado y, tal como ha contado en el programa, ha recuperado su vivienda "por medio del lanzamiento de desahucio judicial" y, por suerte, "la vivienda está en buen estado".

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El problema de Carmelo comenzó a finales del 18, cuando alquiló un piso que había comprado para completar su pensión. Según relató, a mediados del 19 empezaron los problemas de "impagos y retrasos", lo que le obligó a enviar un burofax para solicitar el desalojo de la vivienda si no abonaban las deudas.

Un calvario judicial de seis años

La vía judicial se convirtió en un largo y tortuoso camino. El proceso se vio retrasado por el estallido de la pandemia, siendo admitido a trámite en septiembre del año 20. A partir de ahí, una de las inquilinas utilizó una estrategia habitual en estos casos: se declaró vulnerable a finales de 2021, aportando un informe médico, lo que sirvió para suspender el procedimiento de desahucio.

Durante este tiempo, Carmelo consiguió que se emitieran hasta siete notificaciones de lanzamiento para desahuciar a sus inquilinos. Sin embargo, todas fueron paralizadas gracias a la moratoria de desahucios amparada en el Real Decreto Ley 11/2020, que se ha ido prorrogando sucesivamente.

La situación llegó a un punto esperpéntico. Además de la deuda por el impago del alquiler, Carmelo tuvo que asumir todos los gastos de los suministros. "Los suministros no pagan absolutamente nada, es un gratis total absoluto", lamentaba. Con resignación, añadía la frase que resume su impotencia: "Solo me falta coger la fregona, venir a fregarles la casa y traerles el carrito de la compra una vez a la semana para que sea, puedan vivir".

La vulnerabilidad como escudo

Para analizar este caso, Jorge Bustos ha entrevistado a Vicente Tobar, asesor jurídico y magistrado en excedencia. Tobar explica que el problema tiene dos vertientes: un sistema judicial deficiente y un marco legislativo que, con la introducción del concepto de vulnerabilidad, permite suspender los lanzamientos de forma sistemática.

El experto ha querido dejar claro que, si bien la vulnerabilidad debe ser protegida en un estado social y democrático de derecho, la responsabilidad no puede recaer en los ciudadanos. "A quien le corresponde esa protección es a los poderes públicos", ha afirmado Tobar. Señala que son los gobiernos quienes deben articular medidas para dar una solución habitacional a estas personas, en lugar de imponer la carga a un propietario particular.

Tobar ha recordado que la ley prohíbe al propietario cortar los suministros a un inquilino declarado vulnerable. Además, aunque una sentencia condene al inquilino a pagar las costas del juicio, en la práctica es imposible cobrar esa deuda, ya que suelen ser personas insolventes. Esto provoca que el propietario pierda el dinero de la renta, de los suministros y de la pelea judicial.

Un cambio para los pequeños propietarios

Finalmente, el magistrado ha aportado una novedad legislativa que puede ser una esperanza para muchos. La última prórroga de la moratoria, hasta diciembre de 2026, excluye de la aplicación de la vulnerabilidad a los pequeños propietarios que tengan una o dos viviendas. Esto evitaría que casos como el de Carmelo se repitan en el futuro para este perfil de arrendador.

La historia de Carmelo, afortunadamente, tiene un final feliz, pero pone de manifiesto las grietas de un sistema que, según los expertos, desprotege a los pequeños ahorradores. Mientras tanto, en España siguen sin existir cifras oficiales de viviendas en situación de ocupación o inquiocupación, aunque algunos estudios las cifran en casi 80.000.