Cáritas alerta de estafas en la regularización de migrantes: "Siempre hay personas que se intentan aprovechar"

Esta semana ha comenzado la atención presencial para que los migrantes residentes en España que cumplan los requisitos puedan regularizar su situación. Este proceso extraordinario, que también se puede realizar de forma telemática, tiene como fecha límite el 30 de junio. Para la gestión presencial, es imprescindible solicitar cita previa y acudir a las oficinas de la Seguridad Social o de Extranjería. En el País Vasco, donde se estima que hay unos 26.000 potenciales beneficiarios, han surgido numerosas dudas y también la amenaza de fraudes.

Alerta ante posibles estafas

El secretario general de Cáritas Vitoria, Jesús Gutiérrez, ha lanzado en COPE Euskadi una advertencia sobre los intentos de fraude que ya se están detectando. Aunque el proceso es gratuito, han aparecido supuestas asesorías que intentan cobrar por los trámites. "Siempre hay personas que se intentan aprovechar de esta situación", lamenta Gutiérrez, quien confirma que les llegan personas que "les han dicho que en tal sitio se lo hacen pagando unas cantidades". 

Frente a ello recuerda que desde Cáritas orienta a los solicitantes para que preparen la documentación por su cuenta, recordándoles que el único coste asociado es una tasa gubernamental de 38 euros y, en ciertos casos, la de la traducción jurada.

Isabel, migrante peruana: “Quiero trabajar, cotizar y pagar impuestos aquí. Eso me llena de emoción”

En este sentido, Gutiérrez insiste en que desde la organización ayudan a los interesados a "preparar la documentación" y "pedir cita". Para aquellas personas que se encuentran en una "situación muy complicada económicamente", Cáritas valora la posibilidad de "apoyar" en estos gastos mínimos, garantizando que nadie quede excluido por falta de recursos.

Las dudas más frecuentes del proceso

Una de las principales preocupaciones de los solicitantes es la obtención del informe de vulnerabilidad, un documento novedoso que ha generado confusión. El responsable de Cáritas Vitoria aclara que este informe deben solicitarlo a su "trabajadora social asignada" en los servicios sociales municipales. Otra dificultad recurrente es la obtención del documento sobre antecedentes penales, un trámite que puede demorarse según el país de origen. No obstante, según explica, el Gobierno ha previsto una solución, si el documento no se recibe en un mes, el solicitante puede autorizar al propio Ejecutivo para que lo "solicite de oficio a través de la embajada".

Cáritas, que no es entidad colaboradora para emitir informes, centra su labor en "orientar a las personas", indicarles los pasos a seguir y "resolver dudas caso a caso". La entidad anima a quienes necesiten ayuda a acudir a ellos para "echarles una mano" en la preparación de documentos y la solicitud de citas, un paso complicado para quienes no disponen de certificado digital para el trámite online.

Una medida que "cambia vidas"

La valoración general del proceso por parte de Cáritas es "positiva". Gutiérrez afirma que es una "medida de responsabilidad política, ética y social" que la organización venía pidiendo "desde hace muchos años". Este proceso permite a miles de personas que ya viven y trabajan en España salir de una situación de extrema vulnerabilidad. "Son personas que viven en el miedo y la angustia constante", lo que "complica la vida de las personas y que no deja desarrollar su vida plenamente".

Esto cambia cambia las vidas"

Jesús Gutiérrez, secretario general de Cáritas Vitoria

Gracias a esta regularización, podrán "trabajar de manera ordenada, de manera legal", con plenos derechos y obligaciones, y "aportando a nuestra sociedad, que es lo que quieren". El impacto, señala, va más allá de lo administrativo. "Nos puede parecer un mero trámite, pero no, esto cambia cambia las vidas. Para muchos, significa la posibilidad de saldar deudas o incluso poder visitar a su familia en su país de origen". 

Se estima que más de la mitad de las personas atendidas por Cáritas se encuentran en situación irregular y podrían beneficiarse de esta medida, ya que la mayoría cumple el requisito de residencia efectiva por llevar mucho tiempo asentadas en el territorio.