Dimisión en plena tormenta por el viaducto de Rafal Rubí: Antoni Ferrer deja la dirección de Menorca Talayótica
La renuncia del arqueólogo, clave en la declaración de la isla como Patrimonio Mundial, sacude el pulso institucional entre el Consell y el Ministerio de Cultura por la reforma de la Me-1

Antoni Ferrer, ex director Menorca Talayótica CIME
Menorca - Publicado el
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El futuro del viaducto de Rafal Rubí vuelve a encender el tablero político e institucional en Menorca. La renuncia del director de la Agència Menorca Talayótica, Antoni Ferrer, ha irrumpido de lleno en la polémica. El arqueólogo, que lideró la reformulación de la candidatura que en 2023 permitió a la isla obtener el reconocimiento de la Unesco, ha presentado su dimisión tras dos años en el cargo. Su marcha, confirmada este lunes por el Consell Insular, llega en disconformidad con la utilización política que, asegura, se ha hecho de su informe sobre el impacto del viaducto en las navetas prehistóricas de Rafal Rubí.
El departamento de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Consell ha agradecido a Ferrer la labor desempeñada y le ha deseado “muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”. Aunque seguirá al frente del organismo durante tres meses, su decisión deja en evidencia una grieta en la gestión de un proyecto que enfrenta a las instituciones locales con el Gobierno central y que mantiene en alerta a la Unesco.
El informe que lo cambió todo
El detonante de la renuncia se produjo tras la comparecencia del presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, y del vicepresidente, Simón Gornés, el pasado viernes. Ambos dirigentes esgrimieron como aval el informe favorable de Ferrer para defender la continuidad del proyecto del viaducto, rechazando la petición expresa del Ministerio de Cultura de frenar las obras hasta obtener el visto bueno definitivo de la Unesco.
En su informe, Ferrer respondía a las objeciones del ministro Ernest Urtasun, pero, según fuentes próximas al arqueólogo, nunca fue su intención que se interpretara como una luz verde incondicional. “Evitar cualquier actuación que pueda comprometer la conservación del bien o dañar su imagen internacional no es solo una exigencia técnica, sino una responsabilidad institucional de primer orden”, advertía Urtasun en una carta remitida al presidente del Consell y a la presidenta del Govern, Marga Prohens.
El ministro recordaba que sigue vigente la decisión del Comité de Patrimonio Mundial, que instó a demoler la actual estructura y a retirar los postes y líneas eléctricas que alteran el paisaje entre yacimientos. Además, subrayó que cualquier paso irreversible sin la valoración oficial de la Unesco podría “debilitar la credibilidad e integridad” de la declaración de Menorca como Patrimonio Mundial.
El Consell defiende el proyecto frente a las críticas
El Consell de Menorca, sin embargo, sostiene que la reforma de los dos kilómetros de la carretera Me-1 entre Maó y Alaior es imprescindible. Con un presupuesto de 6,59 millones de euros, el plan contempla mantener el viaducto a doble nivel, mejorar la seguridad vial, ampliar los arcenes, reordenar accesos, optimizar el drenaje y concluir el enlace inacabado desde 2011.
El gobierno insular asegura que el proyecto ha superado todos los trámites ambientales y patrimoniales, y que el diseño ha sido revisado para minimizar el impacto visual sobre las navetas de Rafal Rubí. Además, recuerda que las expropiaciones están resueltas y que la actuación se ajusta a la legalidad vigente.
Un pulso con la Unesco en el horizonte
La carta de Urtasun y la dimisión de Ferrer han elevado el conflicto a un nivel que amenaza con trascender el ámbito local. Si la Unesco se pronuncia en contra del proyecto, la brecha entre las administraciones podría derivar en un choque político y jurídico de gran alcance.
Mientras el Ministerio apela a la responsabilidad institucional para preservar la reciente declaración de Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial, el Consell insiste en que el proyecto es “seguro, necesario y respetuoso con el entorno”.
Las próximas semanas serán decisivas. La Unesco deberá pronunciarse, el Gobierno central podría endurecer su posición y el Consell deberá gestionar no solo un proyecto polémico, sino también la marcha de uno de los mayores defensores del patrimonio menorquín.