Intervenido en un supermercado de Palma un lote de fruta desecada procedente de China

 La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de su Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, ha intervenido un lote de fruta desecada procedente de China en un supermercado de Palma.

La operación, que responde a la vigilancia de productos de terceros países, ha destapado graves irregularidades en el etiquetado: la ausencia de dos conservantes, uno de ellos con potencial alérgeno, y una denominación de producto engañosa. Este incidente subraya el compromiso del Govern en proteger al consumidor y combatir la competencia desleal, según ha señalado el director general Joan Llabrés.  

 Detalles de la intervención y motivos de la alerta  

 La normativa es clara: los alérgenos deben estar indicados de forma destacada en la lista de ingredientes de cualquier producto. Sin embargo, en el lote de fruta desecada intervenido, esta obligación fue ignorada, poniendo en riesgo la salud de los consumidores con alergias. 

Joan Llabrés, director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha enfatizado que estos controles se realizan a petición del sector local para "evitar la competencia desleal hacia los operadores agroalimentarios de las islas", quienes sí cumplen con la estricta normativa de etiquetado.  

 Fraude en la denominación y composición  

 La inspección reveló que las irregularidades iban más allá de los conservantes no declarados. El producto se comercializaba como "dátil dulce" a pesar de que no contenía esta fruta. En su lugar, el componente principal eran los azufaifos. Además, en las etiquetas se destacaba la presencia de miel, un ingrediente que curiosamente no figuraba en la lista de componentes del alimento. "El hecho de no indicar los conservantes en la lista de ingredientes supone un fraude hacia los consumidores", añadió Llabrés, destacando la doble falta: el riesgo para la salud y el engaño al consumidor.  

 Sanciones y compromiso del Govern  

 El Govern balear reitera su advertencia sobre las sanciones administrativas que conllevan los incumplimientos de la normativa vigente. En el caso de las infracciones graves, las multas pueden oscilar entre los 3.000 y los 60.000 euros.

Esta intervención es un claro mensaje del compromiso de la Conselleria en asegurar la transparencia y la seguridad alimentaria en el mercado local, protegiendo tanto a los consumidores como a los productores de las Islas Baleares.