Las entidades colaboradoras urbanísticas llegan para agilizar licencias: ¿solución al colapso o vía a la desigualdad?

La gestión urbanística en España se ha convertido en un laberinto burocrático, con retrasos de meses e incluso años para la concesión de una licencia. Para abordar el colapso de los ayuntamientos, surge la figura de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), empresas privadas que buscan agilizar los trámites. Ángel Hoyos, abogado especialista en derecho urbanístico, analiza las claves de este nuevo modelo.

Qué son las ECU y cómo funcionan

Las ECU son entidades privadas que complementan, sin sustituir, la labor de los servicios municipales. Su función es certificar que un proyecto es apto para obtener la licencia, actuando como un filtro técnico y jurídico previo. Según Hoyos, de esta forma se consigue agilizar los procesos externalizando, aunque la competencia final para otorgar la licencia siempre va a ser municipal.

Un sistema de dos velocidades

La implantación de este sistema abre un debate sobre la equidad. La principal crítica es que podría generar ciudadanos de primera y de segunda, ya que “el que pueda pagarse la ECU y traer los deberes hechos desde casa, pues irá más rápido que el que no sea así y tendrá que ir a la cola genérica”, explica el abogado. No obstante, Hoyos no descarta que, si la figura se consolida, pueda ayudar a descolapsar los ayuntamientos y beneficiar a todos.

Podemos estar creando ciudadanos de primera y de segunda"

Ángel Hoyos

Abogado especialista en derecho urbanístico

Otro punto de fricción es el coste para el ciudadano, que abona el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas municipales. Si además debe pagar a la ECU, Hoyos considera que “lo lógico y sensato sería que los ayuntamientos, como mínimo, reduzcan el importe de esas tasas”. Esto evitaría lo que algunos podrían considerar un impuesto encubierto.

¿Quién asume la responsabilidad?

Ante una licencia mal concedida, la responsabilidad final recae sobre el consistorio, ya que es quien tiene la última palabra. Sin embargo, el ayuntamiento podrá reclamar a la entidad privada, que está obligada a disponer de seguros de responsabilidad civil de gran cuantía para cubrir posibles indemnizaciones multimillonarias. El experto advierte del riesgo de que el ayuntamiento revise la revisión de la ECU, ya que esto entorpecería el procedimiento y anularía el objetivo de agilizar los plazos.

Si creamos una revisión sobre la revisión, estaremos entorpeciendo el procedimiento"

Ángel Hoyos

Abogado especialista en derecho urbanístico

El experto también aclara dudas frecuentes, como la diferencia entre licencia y declaración responsable, donde el ciudadano asume toda la responsabilidad sobre la legalidad de la obra. Además, recuerda que prácticamente todo necesita permiso, salvo pequeñas actuaciones interiores de escasa envergadura. Para obras en suelo rústico, el asesoramiento técnico es siempre imprescindible para no incurrir incluso en delitos contra la ordenación del territorio.