Los empresarios de Baleares celebran el freno a la reducción de jornada: "Un alivio"

La propuesta del gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha generado un fuerte malestar en los sectores empresariales. Ahora, con el proyecto de ley paralizado en el Congreso de los Diputados, la patronal PIMEM ha expresado su satisfacción, calificando la reforma como "inviable" y destacando que su aprobación habría supuesto costes inasumibles para las pequeñas y medianas empresas. 

La organización empresarial, junto con la confederación nacional CONPYMES, considera que el rechazo de la ley es una oportunidad para que el ejecutivo replantee su posición y tenga en cuenta el impacto real en el tejido empresarial del país.

La PIMEM ha subrayado que la presión ejercida por la confederación nacional de pymes, CONPYMES, ha sido crucial para frenar la reforma. Según la patronal balear, el proyecto de ley, impulsado al margen de los empresarios, habría cargado todos los costes sobre las empresas, estimados en 20.000 millones de euros a nivel estatal. PIMEM insiste en que, de haberse aprobado, el coste de la medida debería haberse compartido entre trabajadores, empresas y la administración.

 La productividad, el debate pendiente  

El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha recordado que uno de los principales argumentos en contra de la reducción de jornada es la baja productividad en España. Para Mora, la productividad es la clave para poder subir salarios o reducir las horas de trabajo. Con la paralización de la reforma, considera que es el momento adecuado para activar mecanismos que permitan conocer la productividad real, como un observatorio similar a los que existen en la mayoría de los países europeos.

 Un problema añadido para Baleares  

PIMEM ha señalado que esta reforma habría perjudicado especialmente a las pymes de Baleares, un territorio ya afectado por el absentismo laboral, las bajas y la falta de mano de obra. Según Mora, la reducción de jornada habría dañado la estabilidad y el funcionamiento de las empresas, especialmente en un mercado laboral tan dependiente del turismo y de la temporada alta. La patronal defiende que el rechazo del proyecto debe entenderse como parte de la normalidad democrática y que acusar a los partidos que votaron en contra de ir en contra de los trabajadores es una "anomalía".

PIMEM ha recalcado que el proyecto de ley solo fue consensuado entre la ministra de Trabajo y los sindicatos, lo que provocó la reacción de las principales patronales de pymes a nivel nacional y autonómico. "España es un país de pymes, y principalmente de micropymes y autónomos, que representan el 99,8% del tejido empresarial y el 75% de la ocupación", afirmó Mora. "Si eso no se tiene en cuenta, es normal la reacción política que ha habido".