María Asunción Lucas era una vecina de Santiago que falleció en 2012 a los 93 años de edad. Vivía en un piso de la calle Carreira do Conde, en el centro de la ciudad. Padecía la enfermedad de Alzheimer y su cuidadora, Josefa, la atendía.

El problema llegó cuando los familiares de la anciana observaron movimientos "sospechosos" en sus cuentas bancarias, como extracciones de dinero en el cajero, algo de lo que era "incapaz" María Asunción. Fue entonces cuando decidieron pedir explicaciones a la persona que la atendía. Ahí comernzó el calvario: Josefa se negó a abandonar la vivienda y la familia comprobó cómo el testamento de María Asunción había cambiado: se había redactado uno nuevo, en octubre de 2010, y en favor de la cuidadora como beneficiaria de los bienes de la anciana y de sus propiedades, incluido un piso en Madrid muy bien valorado económicamente.

Entonces comenzó la batalla judicial que ahora ha llegado a su fin: la justicia ha anulado el testamento y los poderes notariales que condecían a Josefa autoridad para actuar en nombre de la ahora fallecida. Si bien esta sentencia no es firme, cabe recurso, aunque la representación legal de la familia asegura que la sentencia es "brillante" y díficil de recurrir.

El abogado de la familia, el compostelano Roberto Goris, explica en COPE Santiago que ha sido un proceso muy complejo, de largos años de litigios: En su día, el Tribunal Supremo consideró que no había quedado probado que la anciana fuese incapaz, obligando al letrado a solicitar medidas cautelares mientras no se resolviese todo el procedimiento. Con este paso pudieron evitar que "continuase el expolio", en palabras de Goris. Es decir, que mientras no hubiese una resolución definitiva del caso, la cuidadora no pudiese beneficiarse legalmente de los bienes de María Asunción.

Debido a cuestiones complejas a nivel "jurídico-técnico", la familia decidió olvidar la vía penal y acudir a la civil, donde se les dio la razón: la última sentencia, de este 27 de abril de 2021, anula el testamento que convertía a Josefa en heredera universal de la anciana. La familia considera que se ha hecho "no solo justicia, sino que era una cuestión moral".

LA DECLARACIÓN DE FORENSES Y VECINOS, CLAVE

En este sentido, la familia tuvo que recurrir a la declaración de múltiples médicos, forenses y los propios vecinos que alegaron que María Asunción no estaba capacitada en su vida del día a día. Roberto Goris explica que una de las vecinas explicó que "era como una niña pequeña", algo que fue clave en la resolución judicial.

¿Y qué ocurre con el dinero que ha sido ya disfrutado por la cuidadora? La Audiencia Provincial llegó a condenar a Josefa y a su hijo Fernando a seis años de cárcel y a que devolviese 177.000 euros a la familia de la señora. Con todo, esa decisión fue revocada.

El abogado de la familia insiste en que ya no cuentan con recuperar ese dinero porque "al parecer, Josefa es insolvente". Se dan por satisfechos con la nulidad del testamento que la consideraba beneficiaria. Si bien, el letrado considera que la cantidad "expoliada" era mucho mayor, pero no se ha podido probar legalmente.