El BNG de Ferrol acusa al alcalde de “borrar las huellas” de su anterior mandato con nuevos pagos a Urbaser

El BNG de Ferrol criticó este martes al gobierno municipal, del Partido Popular, por la gestión del servicio de recogida de basura, tras el anuncio de que el Ayuntamiento pagará a Urbaser, la empresa concesionaria, más de 500.000 euros por sobrecostes en la gestión de servicios durante el año 2023.

El portavoz del BNG, Iván Rivas, acusó al alcalde de la ciudad de estar "aprovechando este segundo mandato para borrar las pegadas del desastre y las hipotecas" de su primer periodo de gobierno (2011-2015). Rivas lamentó que esta actuación se haga "incidiendo sobre aquel modelo de gestión" sin resolver los problemas de fondo.

Rivas alertó de que el pago de algo más de 500.000 euros podría ser solo el inicio. Según el portavoz nacionalista, existe la previsión de que el Ayuntamiento tenga que abonar 1,9 millones de euros más a Urbaser, una cantidad que fue aprobada como reserva de crédito en Junta de Gobierno local en mayo de 2025.

El BNG considera "cuestionable" el pago debido a antecedentes de la gestión de la concesionaria. Así, Rivas detalló que Urbaser cobró sobrecostes por la gestión del canon de SOGAMA, acreditados en más de 800.000 euros para el año 2023, al facturar más toneladas de las realmente generadas como residuos por los vecinos.

También ha detallado que una auditoría de 2018 advertía que Urbaser debería haber indemnizado al Ayuntamiento con más de 300.000 euros por los beneficios obtenidos ese año, de acuerdo con el pliego de condiciones que estipula que dos tercios del beneficio por encima de los 800.000 euros deben revertir al Ayuntamiento.

NUEVO CONTRATO

El portavoz del BNG ha detallado que actualmente el servicio de recogida de basura lleva más de diez años sin contrato en vigor, una situación que Rivas achacó a la "prórroga indefinida" e "ilegal" prevista durante el anterior mandato del Partido Popular.

A pesar de esta "nefasta experiencia", el BNG criticó que el gobierno local pretenda ahora licitar el contrato más caro de la ciudad por diez años, valorado en 120 millones de euros, "reproduciendo el mismo esquema de privatización de servicios públicos" e "hipotecando a la ciudad una vez más por más diez años para la próxima década".

Rivas concluyó que la prioridad del alcalde está en "mantener los privilegios y las ventajas que las grandes concesionarias tienen" sin tener en cuenta las circunstancias en que se prestan los servicios.

VALORACIÓN DE SENTENCIA

A preguntas de los medios de comunicación, respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el Capítulo I (retribuciones de personal) del presupuesto de este año 2025, el portavoz del BNG calificó la situación como "muy rara" y "un ejemplo más del carácter y la voluntad autoritaria de un gobierno" que no respeta los "mínimos requisitos democráticos" al saltarse la negociación con los sindicatos, que es el único requisito para ese capítulo presupuestario.