Valencia se asoma a una sanción millonaria por el bloqueo de su Zona de Bajas Emisiones

El futuro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia se encuentra en el aire, paralizado por la falta de consenso en el pleno del Ayuntamiento. Esta situación no solo retrasa la aplicación de medidas clave para la calidad del aire, sino que también expone a la ciudad a una penalización económica superior a los 136 millones de euros si no cumple con la normativa europea antes del 1 de enero de 2026. La ciudad se enfrenta a la devolución de 58 millones de euros de fondos europeos, una multa por el mismo importe y la pérdida de otros 20 millones dependientes del Gobierno de España.

 Guerra política a contrarreloj  

La ordenanza que debía regular la ZBE fue rechazada en el último pleno municipal. Sorprendentemente, los votos en contra unieron a VOX con el PSOE y Compromís. Sin embargo, sus motivos son opuestos: mientras que VOX rechaza la medida por principios ideológicos, aludiendo a la libertad de circulación, los partidos de la oposición la consideran “demasiado laxa” y critican la progresividad del plan del Partido Popular.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha lamentado la falta de voluntad para negociar por parte de la oposición. Considera que la discusión se ha desviado hacia asuntos que no se pueden modificar en la ordenanza. “A mí lo que me demuestra es que no quieren alcanzar un acuerdo, porque si estuviéramos discutiendo sobre las etiquetas, sobre el territorio, sobre el cronograma, pues bueno, yo diría, tenemos discrepancias”

A mí lo que me demuestra es que no quieren alcanzar un acuerdo"

María José Catalá

Alcaldesa de Valencia

Por su parte, desde el Partido Socialista, la concejala María Pérez ha negado que existan conversaciones y acusa al PP de no presentar una alternativa seria. “La realidad es que a día de hoy el Partido Popular no nos ha presentado ninguna alternativa seria”, ha afirmado Pérez, quien sugiere que el gobierno municipal ha iniciado “una estrategia de cortejo a VOX con la mirada puesta en la Diputación”.

 Un plan progresivo por fases  

La propuesta rechazada establecía una implementación gradual. Según ha explicado Edgar Lorenzo, profesor de la UPV e investigador del instituto Itaca, en una primera fase, desde 2026, la restricción afectaría solo a los vehículos sin etiqueta DGT (gasolina anteriores al 2000 y diésel antes de 2006) que no estuvieran matriculados en la provincia de Valencia. A partir de 2027, se ampliaría a los vehículos de la provincia, exceptuando los de la capital.

Finalmente, en enero de 2028, la normativa se aplicaría también a los vehículos de los residentes en Valencia, que según el ayuntamiento representan solo un 8 % del censo actual. Lorenzo ha aclarado que la ZBE abarcaría todo el perímetro de la ciudad, y que se contemplan excepciones como un cupo de 48 accesos anuales para vehículos restringidos, además de permisos para familias numerosas o personas con movilidad reducida.

 Una herramienta por la salud pública  

El profesor Edgar Lorenzo ha subrayado que la ZBE no debe entenderse como una medida aislada, sino como parte de un conjunto de herramientas destinadas a crear una ciudad más saludable y sostenible. En este sentido, ha destacado que su éxito depende de que vaya acompañada de una mejora del transporte público y de otras alternativas de movilidad para los ciudadanos.

Ya hay fecha para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia

“No debemos olvidar que el objetivo de este tipo de medidas no es otro que cuidar de la salud de las personas, no estamos hablando de cualquier cosa”, ha recordado el investigador. El fin último, ha concluido, es avanzar hacia una ciudad “más amable”, donde la salud de los habitantes sea una prioridad.

No debemos olvidar que el objetivo de este tipo de medidas no es otro que cuidar de la salud de las personas"

Edgar Lorenzo

Profesor de la UPV e investigador del instituto Itaca