José Miguel Montolío, asesor jurídico: "Si no puedes disponer de tu vivienda porque está okupada, la legislación establece indemnización; pero de aquí a que recuperes el dinero puede pasar mucho tiempo"

El mercado inmobiliario de Valladolid ha puesto en circulación dos activos de difícil gestión: dos viviendas okupadas ilegalmente que se comercializan como una oportunidad para inversores. 

Se trata de un piso ubicado en Laguna de Duero (Valladolid) y de un chalé adosado en el barrio de Covaresa, en la capital vallisoletana, ambos a la venta con la advertencia de que no es posible visitarlas y que su compra debe realizarse al contado. El doble anuncio lo realiza La Agencia del Barrio a través del portal inmobiliario Idealista. 

El problema, ha señalado en COPE José Miguel Montolío, asesor jurídico de la Cámara de la Propiedad en Valladolid,  deriva de las dificultades a las que se enfrenta un propietario que ve su casa ocupada. El proceso para recuperar la vivienda es "un camino absolutamente tortuoso, difícil, lento y caro", tanto si el ocupante entró sin permiso como si es un inquilino que ha dejado de pagar.

La lentitud de la justicia es uno de los principales factores que empuja a los dueños a tomar esta drástica decisión. Los juicios de desahucio que antes se resolvían en una media de tres a cinco meses ahora pueden alargarse "perfectamente a un año, o incluso más". 

Ante la pregunta de cuánto tardará en desalojar la vivienda, Monto Lío es claro: "sinceramente, por lo general, contestamos que no podemos establecer una fecha". El resultado es que en Valladolid y provincia ya hay 58 viviendas que se ofrecen en venta con ocupantes.

"El proceso para recuperar la vivienda es un camino absolutamente tortuoso, difícil, lento y caro"

José Miguel Montolío

Asesor jurídico de la Cámara de la Propiedad en Valladolid

VIVIENDAS OCUPADAS, A LA VENTA 

La primera vivienda es un piso en la calle Ricardo de los Ríos de Laguna de Duero con un precio de 129.000 euros. La propiedad, un tercero con ascensor de 116 metros cuadrados y tres habitaciones, se anuncia como un "activo sin posesión" y se especifica que la operación "no es hipotecable" y debe ser pago al contado. Su adquisición, además, debe realizarse en el marco de un proceso de subasta judicial.

El segundo inmueble es un chalé adosado en la calle del Macizo de Gredos, en la zona de Covaresa-Parque Alameda de la capital vallisoletana. Su precio es de 107.000 euros y cuenta con 125 metros cuadrados, cuatro habitaciones y garaje. Aunque se alerta de que es una "vivienda okupada" y, por tanto, no se puede financiar, el anuncio asegura que la "desocupación está incluida en el precio".

Un negocio para inversores

Este tipo de anuncios no se dirige a una persona que busca su residencia habitual, sino a un perfil inversor. Según el experto, son "gente que dispone de liquidez, que tiene tiempo, que tiene medios económicos y que puede afrontar todos esos procesos de desalojo". 

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A cambio de asumir el coste y la espera del proceso judicial, el comprador obtiene una rebaja sustancial en el precio del inmueble, lo que convierte estas operaciones en una oportunidad muy rentable para fondos de inversión y grandes propietarios.

La situación ha creado un "caldo de cultivo" para que estos inversores accedan a viviendas de forma muy rentable. La causa fundamental, según Monto Lío, es la figura de la vulnerabilidad, que desde la pandemia permite la suspensión de los procedimientos de desahucio. Esto, en la práctica, traslada la carga al dueño. "Estamos trasladando toda la carga de carácter social que tendría que hacer el estado al propietario, y creo que eso no puede ser", lamenta el letrado.

Una situación sin precedentes

Monto Lío, con más de 30 años de experiencia, asegura con rotundidad no haber visto nunca una situación parecida. Si bien antes se vendían pisos con inquilinos, se trataba de casos aislados bajo la ley de 1964. El fenómeno actual, concluye, deriva de un sistema que no ofrece soluciones ágiles al propietario y cuya única salida pasaría por una reforma de la legislación que regula los procedimientos de desahucio.

Oficinas antiocupación de la Junta

Ante situaciones de este tipo, la Junta de Castilla y León dispone de un servicio de asesoría gratuita a través de las Cámaras de la Propiedad Urbana. Este servicio, que ha atendido 277 peticiones en dos años (93 de ellas en Valladolid), ofrece información sobre prevención y actuación en casos de ocupación ilegal de viviendas. Se puede contactar a través del Servicio 012 o directamente en las oficinas provinciales.

Las oficinas de las Cámaras de la Propiedad Urbana se encuentran en: Ávila (C/ Martín Carramolino, 10), Burgos (Plaza de la Libertad, 9), León (C/ Santa Nonia, 6), Palencia (C/ Mayor, 59), Salamanca (Plaza de la Constitución, 7), Segovia (C/ Los Almendros, 3), Soria (C/ Sagunto, 10), Valladolid (Plaza de España, 13) y Zamora (C/ Pelayo, 15).