Castilla y León espera que el choque entre Planas y Ribera sea “real” y se resuelva "a favor del medio rural"

Castilla y León se aferra a “la posición de la razón” del ministro Luis Planas frente a las “motivaciones culturales” que han llevado al departamento que dirige Teresa Ribera a promover la prohibición de la caza del lobo en toda España.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, espera que el choque entre Planas y Ribera sea “real” y no mera fachada para “salvar los muebles” con las organizaciones agrarias.

Confía en que esta “aparente” discusión en el seno del Gobierno de España se dirima “a favor del medio rural” y que, en consecuencia, no se plasme en una orden ministerial el acuerdo alcanzado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Suárez-Quiñones insiste en que la prohibición de abatir lobos es una “puñalada” al sector primario. Según los datos ofrecidos por el consejero, un 80 por ciento de los ataques que sufre la cabaña ganadera en Castilla y León se producen al Sur del río Duero. En esa área geográfica donde la especie ya está protegida se concentran un 25 por ciento de los ejemplares. Al Norte, donde sí está permitido el aprovechamiento cinegético, se producen un 20 por ciento de los ataques. “Podemos imaginar qué ocurrirá”, ha advertido Suárez-Quiñones, “si al Norte tiene el mismo régimen (el lobo) que al Sur”.

Tampoco hay “razones de conservación”, añade. El último censo elaborado por su Consejería entre los años 2012 y 2013 certificó un incremento del 20 por ciento en el número de manadas con respecto a las censadas en 2001.

Posibles “irregularidades”

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha denunciado “irregularidades” en el transcurso de la reunión que dio luz verde a un acuerdo alcanzado por la mínima y en segunda ronda de votación.

Castilla y León contaba con el apoyo de Ceuta y “no se le permitió intervenir”. Según ha relatado Suárez-Quiñones se dio traslado en la Comisión de los “problemas” que estaba teniendo el representante del Gobierno ceutí para conectarse a la reunión de forma telemática. “Dio igual”, ha afirmado el consejero. “No interesaba que participase”, se ha despachado.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta han confirmado a COPE que “no pudimos votar”. Las mismas fuentes aseguran que se ha dado traslado por carta al Ministerio de lo ocurrido al entender que “se ha vulnerado” su derecho al voto.

En una primera misiva, enviada el 5 de febrero al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, el Gobierno ceutí expuso la "imposibilidad" de participar en la reunión "por motivos técnicos". En ella, aseguran las fuentes consultadas por COPE, se le pidió al Ministerio que "arbitrara" los "mecanismos necesarios" para emitir su voto. En una segunda, redactada esta misma semana, el Gobierno ceutí ha incidido en que su posición habría cambiado el sentido del resultado de la votación.

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León desmienten cualquier posible irregularidad. Aseguran que “Ceuta no se conectó a la reunión”, pese a haber recibido “en tiempo y forma, como el resto de las comunidades autónomas” la convocatoria.

Vía judicial

Castilla y León confía en que, finalmente, se imponga “el sentido común”. Pero “si es necesario”, ha confirmado su consejero de Fomento y Medio Ambiente, “acabaremos en los tribunales”.

El Ejecutivo autonómico afirma estar trabajando con otras comunidades del Noroeste en un “estudio jurídico”, analizando el posible recorrido del caso en los tribunales.