La medida de unos okupas en un pueblo de Burgos con la que evitar la okupación de la casa allanada: "Pusieron el cartel"

La localidad burgalesa de San Miguel de Pedroso, una pedanía del municipio de Belorado, vive estos días una situación que ha dejado desconcertados a vecinos y autoridades. Un grupo de okupas, que desde finales de abril se instaló en una vivienda que llevaba más de 20 años deshabitada, ha tomado una insólita decisión: han colocado una alarma de seguridad para proteger el inmueble que han allanado… de otros posibles okupas.

El cartel que anuncia la presencia del sistema de seguridad ha sido lo primero que llamó la atención de los residentes de la zona. "Es cuanto menos curioso que hayan entrado sin permiso en una vivienda que no es suya, la hayan okupado y ahora la protejan de posibles robos u okupaciones", comenta con ironía un vecino del pueblo, donde la tensión ha ido en aumento desde que el inmueble fue ocupado el pasado 27 de abril.

Una alarma contra su propia práctica

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La paradoja ha generado un debate creciente entre los habitantes del pueblo y las autoridades. Según varios testigos, los okupas no sólo instalaron la alarma sino que también intentaron empadronarse en el municipio, lo que fue rechazado por las autoridades locales. Además, se han deshecho de todo el mobiliario del interior del inmueble, que ha acabado tirado en la calle, provocando un mayor enfado entre los vecinos. Para muchos de ellos, el acto no solo constituye una usurpación, sino también un robo y un desprecio hacia el patrimonio del pueblo.

La Guardia Civil, ante el malestar creciente, ha intensificado su presencia tanto en San Miguel de Pedroso como en otras localidades cercanas, dado que existen indicios de que estos casos podrían repetirse en viviendas deshabitadas de la comarca. Según fuentes vecinales, la propietaria del inmueble ya ha presentado tres denuncias contra los okupas por la ocupación y por el vaciado de la vivienda.

Psicosis en un pueblo

Lo que comenzó como una okupación aislada se ha convertido en un fenómeno que ha alterado la tranquilidad habitual de este pequeño núcleo rural. "Se vive tensión en el pueblo por la llegada de personas ajenas", explican los vecinos, que han comenzado a reforzar sus propias casas por miedo a nuevos intentos de usurpación. Algunos incluso han instalado también sistemas de seguridad como alarmas, ante la falta de una solución rápida por parte de las autoridades.

El caso ha servido para evidenciar el vacío legal que sigue existiendo en torno a la okupación ilegal de viviendas. Aunque se han puesto en marcha medidas a nivel regional y estatal, lo cierto es que, en muchas ocasiones, la acción policial se ve limitada por las protecciones legales que obtienen los okupas una vez que acreditan que residen en el inmueble, incluso aunque hayan entrado de forma irregular.

Mientras tanto, los vecinos conviven con la inquietud diaria, vigilando quién entra y sale del pueblo. La situación se agrava los fines de semana, cuando aumentan las visitas y resulta más difícil identificar movimientos sospechosos. En un entorno donde antes reinaba la cooperación vecinal, ahora impera el recelo y la vigilancia constante.

El cartel de alarma colocado por los okupas ha acabado siendo mucho más que una medida de protección: se ha convertido en el símbolo de un despropósito legal que pone en jaque la seguridad, la propiedad y la paz social en muchas zonas rurales de España.