La odisea de una familia en Tenerife: se enfrenta a una multa de 600.000 euros por vivir en una casa contenedor

La crisis de la vivienda en Canarias ha llevado a José Luis y su mujer, Ángeles, a una situación límite. Esta familia ha instalado una casa contenedor en un terreno privado en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, como única alternativa para tener un techo.

Pese a que aseguran tener el permiso verbal del encargado del suelo, el Ayuntamiento les ha notificado que se enfrentan a una multa de hasta 600.000 euros si no la retiran en un plazo de 20 días. La familia, que tiene una hija de 19 años con un 70% de discapacidad, se encuentra ahora en una encrucijada.

Una situación de gran vulnerabilidad

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Los ingresos de la familia son muy limitados. Según ha relatado el propio José Luis en el programa Herrera en COPE Canarias, él percibe la ayuda para mayores de 52 años debido a problemas en la espalda que le impiden trabajar. Su mujer, por su parte, recibe una pensión no contributiva.

José Luis explicó que no solicita la incapacidad permanente porque el proceso burocrático le obligaría a renunciar temporalmente a la ayuda que ya cobra. “Si tú echas los papeles por el INSS y te dan la incapacidad, al tiempo, ellos te quitan lo que es el cobro”, ha detallado.

A esta precariedad se suma la situación de su hija, de 19 años, que tiene reconocida una discapacidad del 70%. “Ella es como si tuviera la mentalidad de un niño de entre 5 y 10 años”, ha explicado su padre. La joven también recibe una pensión por su condición.

Lo único que queremos es vivir en algún sitio"

José Luis

Vive junto a su familia en la casa contenedor

La búsqueda de una salida

Desesperado, José Luis ha llegado a proponer soluciones al propio alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. “Le comenté que si tenemos problemas aquí, en este sitio, porque es rústico, que ellos nos busquen un terreno que se pueda poner la caseta, aunque lo tengamos que pagar en un alquiler”.

Sin embargo, la respuesta del alcalde fue desalentadora: “Me dijo que tampoco, que eso no es tan fácil”. El único anhelo de la familia, en palabras de José Luis, es claro y directo: “Lo único que queremos es vivir en algún sitio”.

Esperemos que se paralice el desahucio. El alcalde dijo que iba a hablar con vivienda y los juzgados"

José Luis

Vive junto a su familia en la casa contenedor

Un desahucio inminente

El tiempo corre en contra de la familia, que además se enfrenta a una orden de desahucio de la vivienda de la suegra de José Luis, donde residían anteriormente. La fecha límite es el 4 de febrero.

Ante este escenario, la única solución que les ha ofrecido el alcalde es que regresen a dicho piso. "Nos dijo que él iba a hablar tanto con vivienda como con los juzgados para que se paralizara lo del desahucio e intentar solucionar esto", ha comentado José Luis. Mientras, el consistorio asegura que busca una solución a través de servicios sociales.

El caso de José Luis y Ángeles evidencia un problema creciente en el archipiélago, donde cada vez más personas, incluso con trabajo, no pueden permitirse un alquiler. Esta situación está provocando la aparición de asentamientos de infraviviendas en suelo rústico como única respuesta habitacional para muchas familias.