Los inquilinos huyen de las condiciones abusivas en el alquiler: qué gastos son ilegales y cuál es el máximo que te pueden exigir

El Ministerio de Consumo ha impuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por el cobro de honorarios ilegales a los inquilinos. Este caso, discutido en el programa 'Herrera en COPE Canarias', saca a la luz las prácticas abusivas en un mercado del alquiler tensionado por la alta demanda y la escasa oferta. Santiago García, abogado de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado, ha explicado qué gastos pueden repercutirse legalmente a los inquilinos y cuáles no.

El límite de las fianzas

Una de las dudas más frecuentes se refiere a las garantías que puede exigir un propietario. Según el abogado Santiago García, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es muy clara al respecto en su artículo 36. La normativa establece la obligación de prestar una fianza en metálico equivalente a un mes de renta, y permite adicionalmente una 'garantía adicional' que "en ningún caso podrá exceder el importe de dos mensualidades de renta".

Los alquileres están en máximos históricos"

Santiago García

Abogado de la Asociación Española del Alquiler Garantizado

Este contexto se agrava porque, como ha recordado el letrado, "los alquileres están en máximos históricos". Los propietarios buscan con ahínco garantizar el cumplimiento de los contratos ante el temor a impagos u ocupaciones, mientras que los inquilinos necesitan demostrar su solvencia. Es en esta situación donde algunas empresas, como en el caso sancionado, aprovechan para "trasladar el coste de garantizar ese contrato al inquilino", una práctica que, según ha insistido García, "no es posible hacerlo" de forma imperativa y "no sería legal".

El efecto 'indeseado' de la Ley de Vivienda

El experto ha señalado que la actual Ley por el Derecho a la Vivienda, en vigor desde mayo de 2023, ha generado efectos contrarios a los deseados. La norma, que modificó la ley procesal para ralentizar los desahucios, ha provocado una "retracción por parte de los propietarios" que ahora exigen más garantías. Esta situación, según García, perjudica a las familias más vulnerables que buscan un hogar, como el caso de un matrimonio con seis hijos que no encuentra quién les alquile. "La familia esa es una víctima de esta implementación errónea de esa ley", ha sentenciado el abogado.

La familia esa es una víctima de esta implementación errónea de esa ley"

Santiago García 

Abogado de la Asociación Española del Alquiler Garantizado