Así actuaba el grupo criminal que explotaba a mujeres en una empresa de cuidado de mayores en Gijón

La Guardia Civil ha desarticulado un gripo criminal que explotaba laboralmente a mujeres en situación precaria en una empresa dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y servicio doméstico, que tenía sucursales en Asturias, Salamanca, Valladolid y Cantabria. Las trabajadoras eran de origen extranjero y carecían de permiso de residencia y trabajo en España.

La investigación se inició hace 9 meses y sigue abierta. Vivió su momento álgido el 25 de enero, cuando miembros de la Guardia Civil procedieron a la explotación de la operación 'ZIMERSA', con el registro de la sede que esta empresa tenía en la calle Menéndez Pelayo, en el barrio de La Arena de Gijón.

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Operación ZIMERSA: así entró la Guardia Civil en una empresa de cuidado de mayores en Gijón

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Entonces, fueron arrestadas dos personas: el gerente de la empresa, considerado cabecilla del grupo, y su mujer.

Captación y adoctrinamiento

La empresa captaba a las mujeres y se las llevaba a pueblos, alejados de los núcleos urbanos, de manera que tuvieran dificultades para relacionarse con otras personas. Allí las adoctrinaban: las aleccionaban sobre cómo debían comportarse en caso de un control policial. Además, les impedían ir a centros médicos si no era acompañadas por miembros de la empresa.

Buscaban un mismo perfil: una mujer dócil y "callada", de origen lationamericano, en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y con una situación muy precaria en su país de origen, de manera que aceptasen condiciones laborales muy duras.

Contratos falsos

A la hora de formalizar los contratos, la identidad de la empleada no correspondía con la que la que llevaba a cabo los cometidos contratados; sino que pertenecía a otras trabajadoras que sí se encontraban en situación regularizada. De esta forma, la trabajadora carecía de contrato efectivo, no era dada de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales que vulneraban toda normativa reguladora.

Tanto a los arrestados como a los investigados se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extrranjeros, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.