Desarticulada una red asentada en Zaragoza que cobraba hasta 10.000 euros a inmigrantes por papeles falsos

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en la provincia de Zaragoza dedicada, presuntamente, a facilitar documentación falsa a migrantes con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España. El entramado, que contaba con miembros especializados en la falsificación de documentos, habría beneficiado con su actividad ilícita a más de 5.000 migrantes. La operación policial, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, ha concluido con el arresto de 61 personas en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (2), Huesca (2) y Teruel (1), entre las que se encuentran los principales responsables de la red criminal.

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POLICÍA NACIONAL

Así fueron los registros en Zaragoza

La investigación policial se inició tras detectar un incremento significativo en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal formuladas por ciudadanos en situación irregular de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes, los agentes detectaron la aportación de documentación carente de autenticidad, destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de este tipo de autorizaciones, lo que activó todas las alarmas.

Una red internacional con base en Zaragoza

Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar la existencia de una organización criminal de carácter internacional asentada en España, principalmente en la provincia de Zaragoza. La red se dedicaba a captar ciudadanos en situación irregular de diferentes nacionalidades y guiarlos en todos los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización administrativa. Para ello, la organización recurría sistemáticamente a la falsificación de documentos esenciales para la presentación de las solicitudes.

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La organización contaba con una extensa red de colaboradores encargados de identificar y captar a ciudadanos extranjeros ya asentados en territorio nacional que buscaban regularizar su situación. Según el portavoz de la Policía Nacional, Rubén Nido, a dichos individuos se les ofrecía "la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico". Esto se lograba mediante el envío de copias de pasaportes, la obtención de empadronamientos a distancia, la apertura de cuentas bancarias y la gestión de certificados médicos, entre otros documentos. Además, la trama tenía ramificaciones en otras provincias como Alicante, Murcia y Huesca, lo que demuestra su alcance nacional.

Se les ofrecía la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico""

Rubén Nido

portavoz de la Policía Nacional

El 'look-a-like' y los contratos falsos como método

Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos, la red empleaba varios métodos sofisticados. Uno de ellos consistía en la presentación de falsificaciones de documentos de identidad y autorizaciones de los propietarios de los domicilios. Otro de los sistemas utilizados era el conocido como método “look-a-like”, mediante el cual se presentaban individuos con un gran parecido físico a la persona a empadronar. De esta forma, se evitaba la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español. Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena, incluidos pasaportes, percibiendo cantidades económicas adicionales por dicha actividad.

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Asimismo, la investigación ha destapado la existencia de empresas pantalla que eran utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización. A través de estas sociedades, se formalizaban contratos laborales inexistentes y se tramitaban altas en la Seguridad Social que eran anuladas pocos días después. El único propósito de esta operativa era aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia para simular el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Administración.

Más de 5.000 migrantes y un cabecilla conocido

Los pagos exigidos por la prestación de estos servicios fraudulentos eran muy elevados y variaban según el trámite. Las tarifas oscilaban entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento fraudulento, y ascendían a una horquilla de entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio. Además, cobraban 500 euros por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación asociada. Se estima que desde el inicio de sus actividades delictivas, el número de inmigrantes en situación irregular que habrían recibido estos documentos superaría los 5.000.

Desalojado un hostal ilegal en Zaragoza

Entre los 61 detenidos de origen español, argelino y marroquí se encuentra el presunto cabecilla de la trama, un individuo ya conocido por las autoridades. Se trata del responsable de los hostales ilegales de Parque Roma y San José, en Zaragoza, por los que ya fue detenido y enviado a prisión en junio del año pasado. En aquel entonces, se descubrió que ganaba alrededor de 25.000 euros al mes a costa de alquilar infraviviendas a inmigrantes en condiciones precarias. Del total de arrestados, 18 son considerados miembros de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red clientelar que se beneficiaba de sus servicios.

Durante la fase final de la operación, se ha llevado a cabo la entrada y registro en cuatro domicilios de Zaragoza, donde se ha incautado dinero en efectivo, documentos falsos y diversa documentación relacionada con la trama delictiva. La operación, según ha informado la Policía Nacional, continúa abierta y no se descartan más detenciones en las próximas semanas debido a las ramificaciones de la red en otras provincias.

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Para el desmantelamiento de la organización criminal ha resultado esencial la estrecha y continuada colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Su intervención permitió dotar a las unidades investigadoras de todos los medios materiales y documentales necesarios para el adecuado desarrollo de las diligencias policiales. Gracias a esta cooperación institucional, se agilizó de manera significativa la obtención de información relevante, así como la localización, identificación y posterior detección de la totalidad de los individuos presuntamente implicados.