Unidas Podemos exige una reforma urgente de la "obsoleta" Ley de Minas

El coordinador de Alianza Verde, y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López Uralde, ha exigido la urgente reforma de la vigente Ley de Minas (1973) por considerarla "obsoleta" y por favorecer a las empresas mineras, sin tener en cuenta aspectos medioambientales.

En una rueda de prensa, López de Uralde ha incidido en que dicha ley, es preconstitucional y necesita claramente una reforma de "calado" por ser un texto procedente de la dictadura y por su apoyo a las compañías mineras, en un momento en el que existe un avalancha para la tramitación de más de 1.500 expedientes de nuevas explotaciones de minería metálica.

El diputado ha explicado que la avalancha de los últimos años es debida a dos factores: el primero y más importante por la gran subida de precio experimentado por la mayoría de los metales en los últimos años, algunos de ellos multiplicando hasta por cinco su valor, y el segundo por la gran la mejora tecnológica lo que favorece la extracción del mineral a un coste cada vez menor.

Ambos factores -ha continuado- hacen rentables explotaciones mineras con concentraciones de mineral bajas.

Asimismo desde la formación morada han pedido que la nueva Ley de Minas contemple la total exclusión de la actividad minera de todos los espacios de interés natural como la Red Natura 2000, las reservas naturales fluviales y las cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable entre otros espacios.

Para Uralde, el marco normativo actual nos sitúa ante una grave "amenaza territorial" que puede suponer la destrucción de miles de hectáreas y que además socava el derecho a la propiedad privada para el beneficio de otros actores privados y no del interés general.

El proyecto de reforma de Unidas Podemos prevé incorporar "medidas ambientales imprescindibles para adaptar el régimen minero al acervo comunitario, a la disponibilidad y tratamiento de los recursos hídricos y a los derechos de propiedad privada o participación pública, y dotar así al marco jurídico de una norma propia del siglo XXI.

Con esta reforma -ha matizado Uralde- se pretende una planificación de la diversidad y recursos geológicos para protegerlos y ordenar su uso, teniendo en cuenta los proyectos ambientales, territoriales y urbanísticos y desarrollando además estudios de impacto en transporte, consumo eléctrico y aguas.