Plataforma pide acabar con los abusos de las empresas sobre el medioambiente

Más de 530 entidades de la sociedad civil, representadas en la Plataforma por las Empresas Responsables, exigen al Gobierno una ley que ponga fin a los abusos de las corporaciones empresariales sobre el medio ambiente y los derechos humanos.

Según afirma la Plataforma en un comunicado, las malas prácticas siguen causando "graves" perjuicios, y en muchos casos, las empresas "no han rendido cuentas" y las víctimas no han podido acceder a la justicia.

Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón, Setem-Ropa Limpia y USO son las 15 organizaciones españolas de sociedad civil que forman esta Plataforma y que representan a 530 entidades:

Con el fin de buscar apoyo y movilizar a la ciudadanía, estas organizaciones han lanzado la campaña "Apoya una Ley Made in Spain", que persigue la aprobación "sin demoras" de una ley "realmente eficaz" de debida diligencia y pide al gobierno que cumpla su promesa electoral.

Según la Plataforma, "queda demostrado" que los acuerdos de voluntariedad "no son suficientes", y que es "urgente" la aprobación de una ley vinculante que garantice justicia, y adopte requisitos claros, sólidos y exigibles.

La Unión Europea ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, según la entidad.

La plataforma ha asegurado que contar con esta ley "es beneficioso para todos" y ayudaría a fortalecer el texto de la directiva europea que "ya ha dado el primer paso" con una propuesta, pero que aún sufre de "importantes carencias y excepciones".

No obstante, Amaya Acero, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables, ha explicado que "pese a ser un paso fundamental hacia la rendición de cuentas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia, contiene ciertas fallas que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva".

Las empresas han de actuar con la debida diligencia y respeto a lo largo de su cadena de valor, y han de ser obligadas a "prevenir, mitigar y reparar las violaciones de los derechos humanos y medioambientales", según la Plataforma.

Asimismo, la ley habrá de garantizar la reparación de daños y el acceso a la justicia de las víctimas, que "no pueden esperar más".