Unos okupas de Benetússer convierten la vida de su vecina en "un calvario" y no es por la suciedad ni el ruido: sin ayuda de la justicia

La Comunidad Valenciana se ha consolidado como una de las regiones con mayor incidencia de okupación ilegal en España. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, correspondientes al primer semestre de 2024, la demarcación de Valencia registró un total de 1.548 denuncias por usurpación de inmuebles, una cifra que la sitúa entre las tres comunidades autónomas con las tasas más altas del país, solo por detrás de Cataluña y Andalucía.

Este fenómeno, lejos de ser una mera estadística, se traduce en dramas humanos que se desarrollan a puerta cerrada, en comunidades de vecinos donde la convivencia se quiebra y los derechos básicos de propiedad y seguridad se ven gravemente vulnerados. Lejos de la simplificación del debate político, la realidad sobre el terreno es compleja, lenta y profundamente desgastante para quienes la sufren en primera persona.

En Benetússer, un municipio integrado en el área metropolitana de Valencia, Rosa Moreno encarna la faceta más cruda y desesperanzadora de esta problemática. Su vida, tal y como la conocía, ha quedado suspendida por la ocupación ilegal del piso superior al suyo. La vivienda, propiedad de un absentista, fue okupada hace meses por un grupo de ciudadanos rumanos, desencadenando para Rosa una pesadilla que va mucho más allá de los consabidos problemas de ruidos, suciedad o convivencia. Lo que comenzó como un incómodo devenir de extraños y altercados esporádicos ha derivado en una crisis estructural que amenaza con dejarle sin hogar.

El calvario por unos okupas en Benetúser

El origen del calvario actual se encuentra en el deterioro progresivo de la vivienda okupada. Según el relato de Rosa, avalado por informes periciales, una avería en una tubería general y, específicamente, en la bañera del piso superior, ha provocado filtraciones masivas de agua que han socavado la estructura de su propio techo. Los daños son de una gravedad extrema.

“Se me cae la casa a trozos”, lamentaba la mujer, al borde de las lágrimas, durante una entrevista en el programa ‘La Mirada Crítica’ de Telecinco. La situación alcanzó su punto crítico cuando una empresa especializada acudió a su domicilio para evaluar los daños. Tras la inspección, los técnicos le advirtieron de que el riesgo de derrumbe en la zona del cuarto de baño era inminente. Su dictamen fue claro y aterrador: le prohibieron terminantemente entrar o pisar esa estancia. “No puedo entrar al baño”, explica Rosa con una resignación que esconde el pánico. Su hogar, su lugar de refugio, se ha convertido en una trampa potencial.

Sólo apoyada por su compañía de seguros

La soledad agrava su desamparo. Rosa vive sola y se siente abandonada por un sistema que, desde su perspectiva, gira en círculos sin ofrecer una solución tangible. Inició intentos de diálogo con los ocupantes, una gestión que solo le reportó amenazas y una mayor sensación de inseguridad. Alertó a otros vecinos y emprendió una peregrinación burocrática que la lleva, cada día después de salir de trabajar, a las puertas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Benetússer. “La Policía me dice todos los pasos que tengo que hacer, pero nadie actúa”, denuncia con frustración.

Y es que su testimonio pone el foco en una de las mayores quejas de los afectados: la lentitud de los procesos judiciales y la sensación de impunidad que rodea a estos casos, especialmente cuando la propiedad original está en manos de un absentista que no asume su responsabilidad.

En este laberinto, su compañía de seguros se ha erigido como su único apoyo tangible. Acudieron con celeridad, realizaron la pertinente peritación y determinaron sin lugar a dudas que el origen de los daños se encontraba en las instalaciones del piso superior. Le han facilitado asistencia legal, un recurso crucial pero que choca frontalmente con la imposibilidad física de acceder al inmueble conflictivo para realizar las reparaciones urgentes. “Tengo más ayuda de mi seguro que del seguro de la finca”, apunta, una frase que resume el vacío que often existe en la gestión de comunidades con propietarios ausentes.

Respuesta del ayuntamiento

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Benetússer confirman al medio tener conocimiento del caso y explicaron que su ámbito de actuación se limita a lo estrictamente competencial, principalmente en materia de salubridad y ordenanza. “Desde Servicios Sociales hemos mantenido contacto con la señora Moreno para ofrecerle nuestro apoyo y realizar las comprobaciones a nuestro alcance. No obstante, la resolución de un conflicto de propiedad y la ejecución de medidas coercitivas sobre una vivienda ocupada son competencia exclusiva de los juzgados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, señalaron portavoces municipales.

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Desde la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, por su parte, reiteraron que en estos casos su protocolo de actuación se ciñe a la verificación de la denuncia previa por parte del legítimo propietario del inmueble okupado y a la remisión de todas las actuaciones a la autoridad judicial competente, que es la única que puede ordenar un desalojo.

Mientras las instituciones delinean sus competencias, Rosa Moreno sigue viviendo con el miedo constante a que su techo se venga abajo. Su caso es un ejemplo paradigmático de cómo la okupación ilegal puede tener consecuencias en cascada, afectando no solo al inmueble usurpado, sino destrozando la vida y la seguridad de quienes viven a su alrededor. Su calvario no es solo el ruido o la suciedad; es la materialización de un miedo constante, la inhabilitación de su propia vivienda y la angustiosa sensación de que el sistema, en su conjunto, le ha fallado.