Un general de la Guardia Civil será el mando único operativo que el Gobierno ha creado para coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar, un problema para el que la Comisión Europea destinará a España otros 3 millones de euros para las asistencias de emergencia.

Se trata de un mando único con cometido operativo y no político, según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término del Consejo de Ministros y se encargará de "todo lo que tiene que ver" con el control de fronteras en la zona del Estrecho, mar de Alborán y aguas adyacentes.

Es un dispositivo similar al que se creo en 2006 para hacer frente a la llegada masiva de embarcaciones a Canarias, con el que se trata de controlar la fuerte presión migratoria, que en los primeros siete meses del año ha superado las 22.000 llegadas, más que en todo 2017.

Con la optimización de todos los recursos se podrá impedir la salida de embarcaciones de inmigrantes de los países de origen y se evitará "su llegada inadvertida a España", ha dicho el presidente del Gobierno y ha subrayado que el mando único se regirá por la legislación nacional e internacional vigente.

Se atendrá también a los convenios suscritos en materia de seguridad marítima de salvamento, protegiendo la vida de los migrantes y respetando su dignidad.

Su objetivo es coordinar las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) y gestionar las relaciones con las entidades e instituciones del Estado, de las comunidades autónomas y ayuntamientos y la Cruz Roja.

En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, el Frontex, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, las Capitanías Marítimas, el Sasemar y la Cruz Roja, debiendo aportar cada uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes.

El PP ha calificado de "improvisación del Gobierno" la creación de esta autoridad única, porque "no responde" a lo que se necesita hoy en día en la lucha contra la inmigración ilegal "promovida por las mafias", según el secretario general del partido, Teodoro Sánchez.

Pedro Sánchez ha recalcado que la migración "no ha empezado con este Gobierno, sino que lo que ha comenzado es la política migratoria, que hasta ahora no existía" y a la que la anterior administración "no puso atención ni recursos económicos".

Las declaraciones de Sánchez coinciden con la decisión de la Comisión Europea de ampliar en otros tres millones de euros la ayuda inicial de 26,5 millones que ha concedido a España para la asistencia de emergencia a los inmigrantes que llegan a las costas españolas.

El anuncio se lo ha trasladado el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, a la vicepresidenta del Gobierno y a los ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con los que se ha reunido hoy en Madrid para abordar la presión migratoria.

En la declaración conjunta emitida al término del encuentro, la Comisión y España han subrayado la importancia de "un pertenariado reforzado con Marruecos en asuntos migratorios".

Una colaboración que incluye la concesión urgente de 55 millones de euros para programas de gestión de fronteras en Marruecos y Túnez, que fue aprobado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África y que la Comisión está dispuesta a ampliar.

El comisario europeo ha agradecido los esfuerzos del Gobierno español "para desarrollar una respuesta eficaz" al creciente número de llegadas de migrantes en los últimos meses.

En este sentido, Sánchez también ha destacado la puesta en marcha de un plan de choque de 30 millones de euros hasta final de año para reforzar la atención a pie de playa, ampliar las plazas de atención humanitaria y crear un nuevo servicio de asistencia y derivación.

Una situación que para Podemos tiene que mejorar, ya que ha denunciado la "desatención" de las necesidades de los inmigrantes que llegan en pateras a las costas andaluzas.

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha reclamado al Estado que asuma un papel "más cercano y descentralizado" para "hacer accesible la información a los que trabajan desde la sociedad civil".