Denuncia a su propia abuela por okupar su casa en Madrid y el juez decide quién tiene razón

La okupación ilegal de viviendas sigue siendo un tema polémico en la Comunidad de Madrid, donde las autoridades insisten en que el problema va en aumento. Según el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en los últimos tres años se han presentado 4.000 denuncias relacionadas con este fenómeno, un dato que el gobierno autonómico utiliza para criticar la falta de acción del Ejecutivo central.

Sin embargo, fuentes judiciales y estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran una reducción del 43% en las denuncias por usurpación en la región, pasando de 2.852 casos en 2023 a 1.616 en 2024. Esta discrepancia en las cifras refleja la polarización política en torno a un asunto que, más allá de los debates, afecta a familias reales, como la de Blanca, una mujer que se vio obligada a denunciar a su propia abuela por ocupar su vivienda en Madrid.

 Una batalla familiar por okupación

El Tribunal Supremo ha puesto fin a un insólito litigio familiar que comenzó en noviembre de 2022, cuando Blanca interpuso una demanda de desahucio por precario contra su abuela, Florencia. La nieta alegaba que su abuela ocupaba sin derecho una vivienda que ella había heredado de su madre, fallecida poco antes. Florencia llevaba 17 años viviendo en el inmueble sin pagar alquiler, aunque se hacía cargo de los gastos de agua y gas, un acuerdo que mantenía con su hija, la anterior propietaria. Tras heredar la casa, Blanca intentó renegociar los términos y pidió a sus tíos (hijos de Florencia) que contribuyeran con 250 euros mensuales para cubrir parte de los gastos. Este punto se convirtió en el núcleo del conflicto judicial.

En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Madrid desestimó la demanda en junio de 2023, argumentando que los 250 euros podían interpretarse como una forma de arrendamiento verbal, dada la relación familiar. No obstante, Blanca recurrió, y en abril de 2024 la Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia. Los magistrados consideraron que no existía contrato alguno y que el dinero entregado era una simple ayuda económica, no una renta. "Nunca se planteó ni acordó el pago de un alquiler", señaló el fallo, que ordenó el desalojo de Florencia.

la abuela debe abandonar la vivienda  

Florencia, representada por justicia gratuita, llevó el caso al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación. Sus abogados defendieron que los 250 euros mensuales constituían una contraprestación económica que excedía los gastos de la casa y, por tanto, equivalía a un alquiler tácito. Sin embargo, la Sala de lo Civil desestimó el recurso en marzo de 2025, respaldando a la Audiencia Provincial.

El alto tribunal criticó que la defensa de la abuela intentara "construir un relato alternativo" y subrayó que no había pruebas de un acuerdo de arrendamiento. "La voluntad de las partes nunca fue establecer un contrato", concluyó la sentencia, que obliga a Florencia a abandonar la vivienda y condena al pago de las costas judiciales.

 Un reflejo de un problema más amplio  

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Este caso, aunque excepcional por los lazos familiares, ejemplifica las complejidades legales de la ocupación en España. Según el CGPJ, los desalojos por ocupación ilegal en Madrid tardan una media de 21,5 meses en resolverse, un plazo que desanima a muchos propietarios. Además, el gobierno madrileño admite que 2.499 viviendas de su Agencia de Vivienda Social estaban ocupadas ilegalmente a finales de 2024, lo que cuestiona su discurso de combatir el fenómeno.

Mientras, plataformas de afectados y partidos como el PP y Vox insisten en que las cifras oficiales no captan la magnitud real del problema, ya que muchos casos no se denuncian. "La okupación no es una anécdota, sino una realidad que erosiona el derecho a la propiedad", ha declarado el consejero Rodrigo, quien acusa al Gobierno central de "blanquear" el problema.

Para Blanca, el fallo del Supremo supone el fin de un calvario legal, pero también el doloroso epílogo de una ruptura familiar. Su caso, difundido por medios como ABC e InfoBae, servirá de precedente para futuros litigios en los que el conflicto entre propiedad y necesidad choca con los límites de la ley.