Casi un año de espera para conseguir ayudas a la dependencia

En España, el plazo medio para la tramitación de un expediente de una persona con dependencia es de 342 días. Una cifra que se encuentra ampliamente por encima de los seis meses o 180 días, que estipula la ley.

Además, las comunidades autónomas cuentan con la posibilidad de alegar falta de fondos y retrasar hasta los dos años el pago de las ayudas, aunque ya se le haya reconocido el derecho al ciudadano. Y cuando esas prestaciones terminan llegando, lo hacen sin superar los 264€ de media y alcanzando apenas un promedio de 36 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio.

Actualmente, esta situación afecta en nuestro país a 286.861 personas: 136.009 pendientes de valoración, 123.857 esperando el PIA (plan que define qué prestación les corresponde) y 26.995 con el PIA aprobado, pero sin recibir aún la ayuda. No obstante, el Ministerio solo reconoce 180.794 casos, ya que únicamente cuenta los expedientes que superan el plazo legal de seis meses.

Para el Observatorio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, la diferencia entre ambas cifras no es un tema menor. Son más de 100.000 personas que oficialmente no cuentan, pero que permanecen a la espera junto a sus familias.

“El Ministerio está alardeando de unos datos, retorciendo una estadística y haciendo una interpretación de la lista de espera que no es real. Cambiando la metodología que hemos tenido durante 20 años en el Sistema de Atención a la Dependencia. Hace una interpretación para alardear de una gestión que está paralizada”, señala José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes.

El pasado martes, el Gobierno aprobó un proyecto de ley, que ahora debe ser sometido a votación en el Parlamento, para reformar la vigente Ley de Dependencia. Esta reforma tiene, entre otros tantos, el objetivo de impedir que las comunidades continúen pudiendo posponer hasta tal punto los pagos a las familias necesitadas, dar más asistencia a domicilio (ahora mismo el 56% no la tienen), ampliar las prestaciones, y agilizar los trámites estableciendo procedimientos de urgencia cuando sea necesario y creando pasarelas para el reconocimiento automático de la discapacidad. Pero, mientras este proyecto avanza, la lista de espera cada vez es mayor, los trámites continúan siendo demasiado complejos y las ayudas demasiado bajas.

 Espera eterna  

Prácticamente un año (342 días). Ese es el plazo medio que deberá esperar un ciudadano español hasta que el Ministerio le otorgue la ayuda que le corresponda. Este plazo ha aumentado 8 días en este primer semestre de 2025 y 11 desde que se publicó un informe como este a mediados de 2024. Sin embargo, según la comunidad autónoma en la que se encuentre dicho ciudadano, el tiempo de espera puede aumentar o disminuir. Por ejemplo: en Canarias, Murcia y Andalucía, el tiempo medio supera los 500 días. Pero, sin embargo, en Ceuta, Melilla, Castilla y León, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha, entra dentro del margen de los 180 días que marca la ley.

Además, en la actualidad, aunque la persona ya tenga reconocido su derecho de ayuda, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de retrasar hasta dos años el pago efectivo de las prestaciones alegando falta de fondos. Lo que genera un escenario que multiplica la espera y la desesperación de las familias que lo viven de cerca.

“Muy lento, absolutamente lentísimo. Porque tú has solicitado la dependencia y tienen que darte hora. A veces pasan tres o cuatro meses solo para que te visite la trabajadora social. Cuando ya te ha visitado, tiene que poner en marcha el sistema de valoración, y pueden pasar cuatro o cinco meses más. Y después pueden pasar tres o cuatro meses más hasta que te hacen el informe diciendo si eres apto o no y qué grado de dependencia tienes”, desgrana Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial De Atención a Personas (CEAPS).

Sin embargo, la cifra se vuelve todavía más dura al conocerse que en estos primeros seis meses de año, han sido 16.866 personas las que han fallecido esperando esta ayuda.

 Cuando la espera finaliza, la insuficiencia continúa  

Finalmente, quienes sí logran cobrar estas prestaciones, apenas perciben una media de 264 euros al mes: 169€ las personas que lo soliciten en Grado I, 277€ las de Grado II, y 385€ las que lo reciben en Grado III.

Una cifra excesivamente baja para aquellas familias en las que una persona se ha visto obligada a abandonar su puesto de trabajo con el objetivo de poder hacerse cargo del cuidado del individuo dependiente. El 72,5% de estas personas son mujeres, mayoritariamente de entre 50-66 años y el principal vínculo que les une con la persona de la que se hacen cargo es el parentesco. Además, tan solo el 13,6% de las cuidadoras familiares cotizan a la Seguridad Social (92.000).

A esto se le suma un recorte acumulado de más de 6.300 millones de euros desde 2012 y el hecho de que el Estado apenas cubre el 28,6% del gasto total. Una cifra superior al 27% que cubría en 2024, pero  lejana del 50% que preveía la ley. El restante lo aportan las comunidades autónomas correspondientes, que más tarde alegan la falta de fondos.

Y es que, desde que terminó el Plan de Choque de 2021-2023, que aportó 600 millones de euros anuales, la financiación adicional se ha frenado. El Observatorio denuncia que se está consolidando un sistema de mínimos. Y para el presidente, José Manuel Ramírez, este empeoramiento se debe a la falta de inversión promulgada por la ausencia de presupuestos del Gobierno.

Mientras tanto, más de 35.000 personas esperan una plaza residencial, algo que resulta clave para quienes no pueden ser atendidos en su casa. Esto choca con el dato ofrecido por la Asociación Estatal de Directoras Gerentes, que asegura que en el primer semestre de 2025 el número de plazas residenciales se redujo en más de 2.000. Lo mismo ha sucedido con las plazas de día.

“Es un dato terrible, a pesar de que el Ministerio diga que lo ideal es vivir en la casa”, asegura Rodríguez.

Concha, viuda de un hombre que acabó sus últimos días en un centro de día, confesó al micrófono de COPE cómo fue su día a día durante los últimos años de vida de su marido.

“Yo he sido comercial toda la vida. Mi día era levantarme, estar pendiente de él, llevarle en el coche a la natación los lunes y miércoles, llevarle al centro de día los martes y jueves dos horas; por la tarde algún día cuando se encontraba bien le llevaba a Illescas a echar la partidita aunque no podía jugar”, confesaba.

Además, Concha echó en falta una ayuda económica por haber dejado su trabajo, una compañía en casa y que le hubieran dado un centro de día más pronto. Por ello cree que ”la administración no está bien hecha para las personas que son dependientes y que “falta mucho”.

Detrás de los datos hay historias reales: Especialmente, de mujeres cuidadoras que tratan de compatibilizar el cuidado con sus vidas y trabajos, pero que en muchos casos no son capaces. En España, hay personas que necesitan ayuda para vestirse, asearse o simplemente salir de casa; y la respuesta que les ofrece el sistema es la de seguir esperando su turno.