Las claves de la Ley para la Reforma Política: la norma que sentenció al franquismo y allanó el camino hacia la democracia en España

El próximo 20 de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte de Francisco Franco. El dictador falleció como consecuencia de una parada cardíaca en el hospital de La Paz (Madrid). Con el objetivo de conmemorar este hecho y el inicio del camino hacia la libertad, el Gobierno de España anunció la puesta en marcha del conocido 'Año Franco', un conjunto de actos institucionales que pretenden recordar las cinco décadas sin el caudillo, que se cumplirán el próximo 20 de noviembre.

La iniciativa ha generado debate político y social, pero también ha vuelto a colocar en primer plano el final del franquismo y los primeros pasos de la Transición. En ese contexto, hoy se recuerda otro aniversario fundamental: se cumplen 49 años de la aprobación en las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política, una norma decisiva que permitió desmontar el régimen desde dentro y que abrió, por vía legal, el camino hacia la democracia. 

A veces eclipsada por acontecimientos posteriores, como las elecciones de 1977 —las primeras libres desde los años treinta— o el referéndum constitucional de 1978, la Ley para la Reforma Política fue la verdadera bisagra histórica que convirtió el aparato jurídico franquista en un puente hacia un sistema democrático. Una ley breve, pero cargada de significado, que marcó el punto de no retorno en la transformación política de España.

"DE LA LEY A LA LEY"

Aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 y ratificada en un referéndum posterior el 15 de diciembre de ese mismo año, la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, fue una pieza clave de ingeniería jurídica diseñada para transformar la estructura institucional de la dictadura sin ruptura formal. 

Su finalidad era clara: abolir las Cortes orgánicas, reconocer la soberanía popular, restaurar el sufragio universal, derogar implícitamente las principales leyes fundamentales del franquismo y permitir la convocatoria de elecciones democráticas.

Fue, en esencia, la herramienta para clausurar el sistema político nacido en 1939 y abrir paso a un modelo plenamente democrático. Los historiadores suelen referirse a ella como un "acto de autoliquidación del régimen", un "harakiri", fruto de la estrategia ideada por Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y uno de los artífices intelectuales de la Transición. Su fórmula quedó resumida en una frase célebre: "De la ley a la ley, pasando por la ley", es decir, usar las leyes del franquismo para acabar con él sin generar un vacío de poder ni un conflicto institucional.

Manuel Fernández Álvarez la describe en España. Biografía de una nación (2010) como "la ley que cambiaba todo el panorama político para hacer posible la promesa y el deseo formulados por el nuevo monarca: que él quería ser el rey de todos los españoles. Por lo tanto, era la superación de aquella dicotomía trágica que había dividido a España entre vencedores y vencidos".

UN CAMINO DE ESPINAS Y PIEDRAS

El proceso que llevó a la aprobación de esta ley comenzó en verano de 1976, pocos meses después de que el rey Juan Carlos nombrara presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. El líder del Ejecutivo encargó a Fernández-Miranda la elaboración de una reforma que fuese legalmente incontestable, políticamente viable y socialmente aceptable. El primer borrador se terminó a mediados de año y fue discutido en el Consejo de Ministros antes de elevarse a las Cortes.

El debate parlamentario, celebrado entre el 16 y el 18 de noviembre de 1976, fue especialmente significativo: los procuradores del franquismo votando el desmantelamiento de su propio sistema. Pese a las resistencias del llamado 'búnker', la votación fue abrumadora: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. 

Apenas un mes después, el referéndum confirmó el respaldo social con una participación del 77% del censo y un 94,17% de votos favorables, ofreciendo una legitimidad popular incontestable por lo que la ley quedó sancionada y promulgada a comienzos de enero de 1977, convirtiéndose en la octava y última Ley Fundamental del Reino, pero también en la que abría la puerta a sustituir todo el sistema. A ella siguieron otras medidas esenciales: la legalización de los partidos políticos, la amnistía parcial de 1977 y la convocatoria de elecciones libres el 15 de junio de ese año.

EL PASO PREVIO A LA DEMOCRACIA

La Ley para la Reforma Política fue mucho más que una norma transitoria: fue el acto fundador de la democracia española. Gracias a ella se pudieron celebrar las primeras elecciones libres desde 1936, se restauró un Parlamento representativo y se puso en marcha el proceso constituyente que desembocaría en la Constitución de 1978.

Su aprobación marcó el final institucional del franquismo sin violencia ni ruptura abrupta, algo inédito en la historia contemporánea de Europa. Permitió compatibilizar continuidad jurídica con cambio político profundo, aseguró estabilidad en plena Guerra Fría y facilitó el consenso entre fuerzas muy distantes ideológicamente.

Casi medio siglo después, la Ley para la Reforma Política se sigue estudiando como un modelo de transición pactada. Y en un año en el que la figura de Francisco Franco vuelve al debate público por la conmemoración de su fallecimiento, este aniversario recuerda otra fecha decisiva: el día en el que el propio régimen votó, en un acto sin precedentes, el comienzo de su disolución y la apertura de una nueva etapa democrática para España.