El independentismo catalán ha querido contar siempre en Europa que en España no existe la separación de poderes propia del Estado de Derecho. Por eso resulta incomprensible que un presidente de Gobierno ofrezca en bandeja al fugado Puigdemont esa baza, al declarar que la Fiscalía  “depende del Gobierno”. Lo que dice el Estatuto del Ministerio Fiscal es que el Gobierno puede “interesar” al Fiscal General del Estado a que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en defensa del interés público. Esto significa que el Gobierno tan solo puede dar parte a la Fiscalía de un hecho concreto para que actúe de acuerdo con la Ley y “dentro del principio de imparcialidad e independencia”, sin que la fiscalía pueda recibir órdenes concretas para orientar su actuación.

Nada de eso permite dudar de la autonomía del fiscal, y así se puso de manifiesto en el juicio por el “Procés” en el cual el fiscal mantuvo el criterio de acusar a los procesados de rebelión, frente al de la Abogacía del Estado que alegaba sedición. Lo cierto es que con su imprudencia e imprecisión, Sánchez pone en peligro la entrega de Puigdemont, además de atizar las dudas interesadas sobre el  principio de separación de poderes en España. Sin embargo no parece ver la gravedad de las actuaciones de la Generalitat y no insta a la Fiscalía a investigar a Quim Torra como impulsor de los CDR, según ha quedado en evidencia con las revelaciones de los propios detenidos por actividades terroristas.