Bajo la pura lógica de la voluntad de poder hemos visto leyes que se retuercen, mezcolanza en vez de separación de poderes, y faltaba en el menú una fiscalía flexible y a la carta. El fiscal Álvaro Redondo, en un primer momento, apreció indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont y apoyó la competencia de la sala Segunda del Tribunal Supremo para abrirle causa. Ahora ha cambiado de criterio tras reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tras despachar con él, aseguró que los hechos descritos por el juez Manuel García Castellón no podían considerarse como delitos de terrorismo y que, por lo tanto, debía rechazarse la exposición razonada realizada por el mencionado juez. Afortunadamente, el extenso informe del fiscal Redondo, en el que argumentaba con solidez las razones para imputar a Puigdemont está la vista de todos y no puede borrarse.

Es difícil que con hechos como éste no aumente la desconfianza. Cabe recordar aquel “de quién depende la Fiscalía”, que ha quedado marcado para siempre en la falta de pudor político del presidente Sánchez. La sucesión de gravísimos hechos que afectan a jueces, fiscales y presidentes de altos tribunales como protagonistas, reflejan la obsesión del PSOE y de sus socios por denigrar a los miembros del poder judicial que no bailan al son que toca el Ejecutivo. Naturalmente, hay que adecuar las apreciaciones de los fiscales a la rotunda declaración de Sánchez en Bruselas: ningún independentista catalán puede ser acusado de terrorismo. Y si no, se cambia de criterio.