Cada vez que se produce la investigación judicial de un caso en el que están involucrados políticos, se desatan los juicios paralelos con las consabidas condenas preventivas. El levantamiento del secreto de sumario de la denominada operación Kitchen, que investiga si responsables del Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy espiaron al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para que éste no utilizara información contra dicho partido, ha provocado una interesada confusión mediática y política.

En esta justicia paralela todo vale, especialmente cuando los implicados tienen alguna relación con el PP, al que se mide siempre con una vara diferente, y al que se trata de presentar como el partido de la corrupción, olvidando los gravísimos casos que han afectado al resto de fuerzas políticas.

Es evidente que el Partido Popular ha sufrido un duro castigo a causa de los casos de corrupción en sus filas. Casado ha llevado a cabo una profunda renovación, pero un caso como éste debe servir de acicate para no bajar la guardia en la exigencia frente a esos comportamientos. Por lo demás, sobre el caso Kitchen tenemos tan solo el auto del juez García-Castellón y los informes de la fiscalía anticorrupción, que deberán ser comprobados y confirmados en su veracidad. La justicia funciona con todas sus garantías, y no pueden confundirse las especulaciones con los hechos probados.

Que el PSOE, Podemos y los nacionalistas se apresuren a forzar una Comisión de Investigación que pretende ser una causa general contra el PP es una muestra de cinismo, cuando acaban de frenar otra investigación sobre la financiación irregular de Podemos.