Madrid - Publicado el - Actualizado
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Tal y como estaba previsto, el debate de investidura de Mariano Rajoy como presidente de Gobierno, ha concluido con el voto en contra de la mayoría del Congreso de Diputados. No se ha producido, pues, el “milagro” político de un necesario consenso. Cada partido ha defendido sus propios intereses y ninguno, salvo los que firmaron el acuerdo previo con el Partido Popular, ha tenido en cuenta los intereses de España, su necesaria estabilidad política y, por tanto, los compromisos contraídos con la Unión Europea. Habrá, claro, una segunda votación dentro de dos días, pero nada cambiará según el guion que cada grupo parlamentario se ha fijado. Todo apunta, por tanto, a unas terceras elecciones, salvo que Sánchez intente una “alternativa” en confluencia con Podemos y los separatistas o Rajoy se presente de nuevo ante la Cámara en un segundo intento, si es designado candidato por el Rey.En todo caso, el cuerpo electoral, aunque no haya tenido la ocasión de seguir todo el debate, habrá tomado buena nota de quienes prefieren defender sus intereses partidistas y quienes han olvidado que los partidos no son meros instrumentos de poder, sino que deben estar al servicio del bien común. En este sentido, ha quedado evidente que, junto al partido más votado, solo el menguado Ciudadanos ha demostrado verdadero sentido de Estado: sin dar carta blanca a Rajoy, ha tenido el valor de pactar las principales reformas que necesita España, además de garantizar su unidad frente al reto separatista. Lo más penoso de todo el debate, al margen de las estridencias separatistas, ha sido, sin duda, el papel desempeñado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Le hubiera bastado reconocer la responsabilidad de su partido en la crisis económica e institucional que padecemos, para justificar la continuidad de Rajoy que, en definitiva, si ha ganado las elecciones ha sido, entre otras razones, por haberse dedicado a recomponer los trastos rotos en la anterior legislatura socialista.



