Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Gobierno ha aprobado la presentación de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional contra la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado miércoles. La petición incluye que se explore la posible responsabilidad penal de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, que decidió que se debatieran las conclusiones de la comisión que impulsa el proceso secesionista. Esas conclusiones, que incluyen un referéndum que se convocaría de forma unilateral, desobedecen los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que ha declarado incompetente al Parlament para poner en marcha el proceso secesionista. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español que, a través de sus representantes, puede tomar las decisiones que esté dentro de los límites constitucionales.Forcadell tomó la decisión de que se debatiera la cuestión a sabiendas de que estaba desobedeciendo lo que el Tribunal Constitucional había dicho con motivo de la declaración independentista del pasado mes de noviembre. Es inusitado que una institución del Estado desobedezca lo que determina el Tribunal Constitucional. Esta actitud es la que explica la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que proporciona a este órgano de facultades responder a la insumisión. La ley se tiene que cumplir en Cataluña y en el resto de España. Hasta ahora el independentismo catalán se ha burlado el Estado de Derecho. La respuesta debe ser proporcional pero en ningún caso puede dar la sensación de que todo vale. La petición del Gobierno en funciones responde a estos dos criterios.



