Defensa de la libertad educativa en Europa

La batalla por la defensa de la libertad de educación en España se ha traslado ahora a las instituciones europeas. La Comisión Europea ha admitido a trámite la solicitud de amparo de la Educación Concertada ante el atropello a los derechos fundamentales que supone la “Ley Celáa”. La Comisión estudiará con detenimiento si la ley educativa del Gobierno de Sánchez conculca la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Se trata de evaluar si esta ley restringe la efectividad del ejercicio de la libertad de los padres en educación, principio esencial recogido por la Carta europea. Esta es la primera vez en nuestra historia democrática en que una ley de educación se redacta sin que la comunidad educativa haya intervenido en su debate y elaboración. Por otra parte, el Parlamento europeo ha admitido también a trámite otra denuncia de la plataforma en defensa de la educación inclusiva por considerar que la LOMLOE discrimina a los alumnos de Educación especial.

La plataforma “Más plurales” busca el refrendo de las instituciones europeas para abordar los siguientes pasos ante la justicia española. Es cierto que la forma de articular los derechos educativos es una competencia de los Estados miembros, pero la Unión Europea ha mostrado siempre una especial sensibilidad en que se garantice a los padres el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones filosóficas, religiosas y morales, algo que está inscrito en el espíritu fundacional del proyecto europeo.