Un Pacto de Estado sobre migraciones y asilo

El Tribunal Supremo ha instado al Gobierno a que, en el plazo de diez días, se haga cargo, dentro del Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional, de los 1.000 menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y que han solicitado asilo. Esta medida responde a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos a los reiterados requerimientos de la administración canaria, basados en que el Estado tiene competencia exclusiva respecto del derecho de Asilo. El Auto del Tribunal Supremo pide además que se le informe de las medidas de acogimiento y asistencia a los menores no acompañados, “cuya implantación efectiva se revela, además, imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento”.

La decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo deja en evidencia la carencia de un enfoque gobal sobre las migraciones que incluya las consecuencias sociales del fenómeno y la necesaria intervención en los países de origen. Un enfoque que tenga clara la asistencia por razones humanitarias de quienes llegan exhaustos a nuestras costas. Una adecuada política de acogida y asilo debiera formar parte del marco más amplio de un Pacto de Estado sobre flujos migratorios y políticas de asilo, firmado también con el concurso de las comunidades autónomas. Este acuerdo de Estado evitaría la politización del fenómeno migratorio y su utilización para fines electorales.