El juicio contra el fiscal general del Estado

No conviene confundirse sobre lo que está ocurriendo en estos días en el Tribunal Supremo. La persona que se sienta en el banquillo no es el empresario Alberto González Amador, sino el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

 Lo que tiene que dilucidar el alto tribunal no es el hecho si un ciudadano español tiene deudas con Hacienda sino si se han vulnerado los derechos de un ciudadano a la tutela judicial efectiva y quién ha sido el responsable de la revelación de un secreto con la publicación de unos correos con información sensible y protegida de ese ciudadano, que le han perjudicado gravemente. Lo que en el proceso previo de investigación eran indicios racionales de criminalidad, en la vista oral se están convirtiendo en pruebas consistentes.  

A la espera de lo que dictamine la Sala II del Tribunal Supremo, García Ortiz asumió un protagonismo impropio en un caso que afectaba a un acuerdo de un ciudadano con la fiscalía. La declaración de la Fiscal Almudena Lastra sobre sus conversaciones con Álvaro García Ortiz, la implicación de quien de forma incomprensible sigue siendo Fiscal General del Estado en la redacción de un comunicado que diera respuesta a lo que publicaban determinados medios para no perder la batalla del relato, como dijo, o el borrado de su móvil cuando ha quedado claro en la vista oral que no existía ningún protocolo al respecto, son datos que apuntan a una responsabilidad cuyo alcance penal tendrá que determinar el alto tribunal.

En todo caso, la responsabilidad de la custodia de secretos ha quebrado y la neutralidad de la Fiscalía parece haber caducado. Alguien debe asumir las consecuencias.