La independencia judicial gravemente amenazada

Un ejemplo flagrante de la colonización de las instituciones del Estado que está perpetrando el sanchismo, es el de la Justicia. La situación ha llegado a tal punto que cinco asociaciones de jueces y fiscales han decidido convocar de una huelga para los próximos días 1, 2 y 3 de julio, si el Gobierno no retira la reforma judicial, que tal como denuncian, amenaza gravemente su independencia. La llamada Ley Bolaños cambia las reglas del juego para el acceso a la carrera de jueces y fiscales, y a la propia fiscalía general, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales. La consecuencia inmediata será la rebaja de la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Los propios jueces y fiscales ya han sacado los colores al Gobierno, que ha puesto a Europa como falsa excusa, y que se atreve a presumir con notable cinismo, como hizo ayer de nuevo Pedro Sánchez, de respetar la independencia de los jueces y la separación de poderes, a diferencia de otros.

En el manifiesto leído durante el paro del pasado 11 de junio, los representantes de jueces y fiscales alertaron del riesgo que corre la independencia judicial, que es clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea. Esa independencia es la que se ve amenazada por la ley que prepara el Gobierno, con el fin de convertir al Poder judicial en un poder con minúscula, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del propio poder político.