Un acuerdo que fortalece la atención a víctimas de abusos

La Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos y el Gobierno han firmado un acuerdo para la reparación a víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo en casos ya prescritos o con la vía judicial cerrada. Este mecanismo complementará los canales de reparación integral en diócesis y congregaciones con el objetivo de ofrecer una alternativa a quienes no deseen acudir a la Comisión PRIVA, establecida por la Iglesia. Más allá de las palabras simplistas del ministro Bolaños, quien sacó pecho diciendo que “las indemnizaciones las decide el Estado, la Iglesia católica las paga”, el acuerdo no solo es coherente con la línea de transparencia y colaboración plena con las instituciones para la atención a las víctimas, sino que refleja la singularidad de la misión de la Iglesia y su imbricación en la sociedad española. Son estos los motivos que justifican el acuerdo con el Gobierno, no la dimensión específica de los abusos en contextos eclesiales, que según los estudios disponibles es comparativamente muy limitada. Esa menor prevalencia no resta a los casos un ápice de gravedad, pero sí obliga a fijar la atención también en esos otros ámbitos. Igual que la Iglesia asume libremente un compromiso mucho más allá de su responsabilidad legal, ha demandado y obtenido del Gobierno cauces de reparación en instituciones públicas, escuelas o federaciones deportivas, junto a un cambio normativo para que las indemnizaciones no tributen. La atención a las víctimas saldrá así claramente fortalecida en España, con un acuerdo de colaboración Iglesia-Estado llamado a ser referente internacional.