“Es más rápido que una pizza. Si tú pides comida, tardan media hora. Si pides cocaína, en 10 minutos la tienes”. Jonás, 26 años, trabaja de guía turístico en Amberes y su padre lleva toda la vida luchando contra el narcotráfico. Ni se le ocurre mezclarse con los dealers (camellos), pero les conoce desde que nació y sabe distinguir perfectamente las calles donde se instalan las nuevas bandas. Concretamente, explica a COPE sobre el mapa, han infestado el barrio contiguo al de la estación central. Donde antes había solo comercio local –fruterías, talleres mecánicos, zapateros-- ahora además se ha instalado la delincuencia y el menudeo, frente a la única resistencia de los vecinos que se niegan a rendirse ante los clanes mafiosos. La supervivencia de la clase trabajadora.

En Amberes no están los narcos, ni siquiera los cabecillas. Solamente migrantes ilegales, menores de edad autóctonos, trabajadores del puerto que buscan un sobresueldo: son el último eslabón de la cadena que distribuye por toda Europa la droga procedente de Brasil, Colombia y Ecuador. También en los últimos años se han sumado nuevas cosechas, como Panamá o Costa Rica. Pero los grandes cerebros de la red hace mucho que se mudaron a Asia. La mercancía entra por el puerto de Amberes, la distribución se coordina desde los Países Bajos, y las ganancias se van a Dubai o Catar.

La ciudad belga se enfrenta a esta lucha desde hace décadas, pero en los últimos cinco años ha visto multiplicarse los números: en 2022, la policía se incautó de casi 110 toneladas en el puerto de Amberes. Un 23% más que el anterior. Y se calcula que apenas interceptan la décima parte de la droga que llega por estos muelles. Son 160 kilómetros a vigilar y hay 350 agentes aduaneros. Ese es el motivo principal por el que han desbancado a Rotterdam del podio europeo: el puerto holandés se lo ha puesto mucho más complicado a las mafias con el endurecimiento de los controles y, en cambio, en el belga no dan abasto. “La policía sabe que es una lucha perdida”, dice Jonás a COPE.

Así, el segundo puerto de Europa se ha convertido en la principal puerta de entrada de la cocaína en el continente. Y el aumento de la delincuencia que este “título” lleva aparejado cruzó una línea roja el pasado mes de enero, con el asesinato de una niña de 11 años que estaba en el escenario de un tiroteo entre rivales. El alcalde de Amberes ha lanzado un SOS desesperado, hasta el punto de pedir que intervenga el ejército del país ---cosa que, de momento, el gobierno ni se plantea-- y la UE se ocupe de este rincón. Sin ayuda seria, reconoce, nunca podrán controlar todas las entradas y salidas.

Por eso, la eurocomisaria de Interior, Ylva Johansson, ha decidido visitar in situ el lugar para, al menos, escenificar el interés de los 27 por hacer un esfuerzo mayor en la batalla contra los narcos. Lo cual demuestra que, aunque las autoridades y los investigadores (Policía, Fiscalía, Inteligencia) lamenten que no cambien las cosas, al menos sí hay una nueva tendencia hacia la visibilización del problema: los propios mandos portuarios han empezado a lanzar campañas de concienciación entre los empleados.

Antonio, un zaragozano de 30 años que desde 2017 acude diariamente en bici a su puesto de trabajo en el puerto de Amberes –logística en la zona de petroquímicos-- desvela a COPE que desde hace año y medio todos están recibiendo correos electrónicos oficiales de sus propios superiores con el protocolo “anti-captación” para intentar disuadir a las potenciales víctimas de la trampa del sobresueldo. Él lo tiene claro: “Yo no sé quiénes son, ni dónde están, y mejor no saberlo”.