18 muertos y decenas de heridos en dos atentados en Colombia: señalan a las FARC como posibles autores del ataque

Colombia vivió este jueves una de sus jornadas más sangrientas de los últimos años tras dos atentados que dejaron al menos 18 muertos y más de medio centenar de heridos. Los ataques, ocurridos en Antioquia y Cali, han puesto en la mira al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, señalada por el Gobierno como posible responsable.

El primer golpe se produjo en la zona rural de El Chispero, en Amalfi, departamento de Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue derribado cuando transportaba a agentes en una operación de erradicación de cultivos ilícitos. En el siniestro murieron doce policías antinarcóticos, lo que supone una de las pérdidas más graves para la fuerza pública en la última década.

Horas más tarde, el terror volvió a sacudir al país. En Cali, capital del Valle del Cauca, un camión cargado con explosivos fue detonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los futuros miembros de la Fuerza Aérea. La explosión dejó seis civiles muertos y 65 heridos, según confirmó la Alcaldía. El estallido causó además enormes daños materiales en la transitada Carrera Octava, una avenida repleta de comercios y viviendas.

Reacción del Gobierno

La vicepresidenta Francia Márquez calificó lo ocurrido en Cali como “un acto cobarde y criminal” y aseguró que Colombia merece vivir en paz. Poco después, el presidente Gustavo Petro responsabilizó al frente 36 del EMC por el ataque contra el helicóptero y vinculó la acción en Cali con estructuras subordinadas a alias “Marlon”.

En un discurso en Valledupar, Petro anunció que declarará al EMC, a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo como organizaciones terroristas, a las que acusó de conformar la llamada “Junta del Narcotráfico”. El mandatario aseguró que estas estructuras criminales deben ser perseguidas “en cualquier lugar del planeta”.

La presencia de Petro en Cali, acompañado de la cúpula militar y policial, se interpretó como un intento de mostrar firmeza frente a la creciente violencia. Versiones de prensa indican que el Ejecutivo prepara un decreto de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar alteraciones graves del orden público.

La Defensoría del Pueblo recordó que Amalfi ya había sido incluida en 2022 en una alerta temprana por la presencia de grupos ilegales como el ELN, disidencias de las FARC y bandas dedicadas al contrabando y el narcotráfico. Su titular, Iris Marín, subrayó que el ataque en Cali constituye “una afrenta directa a la vida y la dignidad humana” y una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.

Rechazo político y social

Los atentados generaron una ola de repudio en toda Colombia. El expresidente Iván Duque aseguró que el país “no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino”, mientras que Juan Manuel Santos reclamó implementar con urgencia una política de seguridad efectiva con apoyo y presupuesto a las Fuerzas Armadas.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que “el terrorismo no nos va a vencer” y llamó a la unidad nacional frente a la amenaza.

En el ámbito internacional, la ONU condenó el “ataque indiscriminado” en Cali y pidió al Estado atender a las víctimas y garantizar justicia. Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y al pueblo colombiano.

Los atentados, atribuidos a las disidencias de las FARC, reabren el debate sobre el rumbo de la política de seguridad en un país que busca la paz, pero que sigue atrapado en una violencia alimentada por el narcotráfico y la disputa territorial de los grupos armados.