La trama de hidrocarburos repartió 1 millón de euros en comisiones para comprar la voluntad de cargos públicos, según la UCO
COPE accede al último informe de la UCO que detalla en un informe al juez Pedraz el papel clave del exministro Ábalos y su asesor Koldo García para favorecer los intereses de un empresario

Koldo, Aldama, Ábalos
Madrid - Publicado el - Actualizado
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido en un nuevo informe entregado al juez Santiago Pedraz que la trama de hidrocarburos investigada en la Audiencia Nacional gastó "más de 1 kilo" en comprar la "voluntad del cargo público". El informe describe el papel central que habrían jugado el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, para influir a favor de los intereses del empresario Claudio Rivas.
Más de un millón de euros en sobornos
Los investigadores recogen mensajes de WhatsApp en los que se apunta a que "la organización criminal habría dispuesto de más de un millón de euros" para comprar la voluntad de los políticos. Esta cantidad se menciona en una conversación del 10 de julio de 2021, donde una de las investigadas, Leonor María González Pano, le recalca a otro implicado la importante suma entregada tras conocer el cese de Ábalos como ministro.
Se les ha dado mucho dinero (...) no se van a arriesgar (...) se les ha dado más de 1 kilo"

Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano, en una visita reciente a la Audiencia Nacional
La UCO sostiene que el comisionista Víctor de Aldama, también imputado, consiguió que José Luis Ábalos "influyera a favor de los intereses del empresario del sector de los hidrocarburos Claudio Rivas". Esta influencia, según el informe, fue canalizada a través de Koldo García, quien "tuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales". El uso de jerga en las comunicaciones es habitual en las tramas de corrupción, donde se emplean términos como 'lechugas' o 'chistorras' para referirse a billetes.
Un fraude fiscal de 49 millones
La Guardia Civil explica que el empresario Claudio Rivas, a través de la suministradora instrumental Have got Time, "generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones de euros durante los años 2021 y 2022 a la Hacienda Pública". Este dinero le permitió, en parte, destinar aproximadamente un millón de euros "a comprar la voluntad del cargo público" para permear "estructuras de la Administración".

Claudio Rivas (d), socio de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo
Objetivo: una licencia de hidrocarburos
El informe detalla que, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, la trama se movilizó para obtener la autorización administrativa que facultara a la mercantil Villafuel, controlada por la organización, para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos. "Para ello, Claudio Rivas, máximo dirigente de la organización criminal, interesó la intermediación de Víctor de Aldama con el propósito de obtener la influencia del ministro José Luis Ábalos", indica la UCO.
La finalidad era que el entonces ministro "incidiera en los órganos ministeriales correspondientes con el fin de agilizar la concesión de la autorización y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica". Los agentes señalan contactos de Koldo García con los jefes de gabinete de los ministerios de Industria (MINCOTUR) y de Transición Ecológica (MITECO), así como con el director general de Política Energética y Minas.
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