Al calor de las manifestaciones en Francia, Portugal o Italia, grupos de agricultores en España también decidieron la semana pasada salir con sus tractores. Este lunes se han generalizado para pedir cambios en las normativas ambientales, más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) y ayudas por la sequía, entre otras demandas.

En Francia, las carreteras ya han ido recobrando la normalidad después de que Bruselas y el Gobierno francés anunciaran una serie de medidas, entre ellas la suspensión del plan para reducir un 50 % el uso de pesticidas para 2030 y la derogación de la obligación de barbecho en la Unión Europea durante todo este año.

En busca del mismo objetivo comienzan este martes las marchas convocadas por la organización agraria Unión de Uniones, aunque se espera que esas acciones se amplíen durante los próximos días a otras regiones y se sumen el sector pesquero y acuícola, además de los transportistas.

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Hay agricultores que, desde la semana pasada, se están organizando a través de diferentes redes sociales con concentraciones como las de la frontera de España y Portugal de este lunes. Las protestas servirán de preludio para la gran tractorada anunciada para el próximo 21 de febrero ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las claves

Olas de tractores han salido a las calles a protestar en contra de la "incoherencia de las políticas europeas". Al margen de las demandas específicas de cada país miembro, las movilizaciones en buena parte de la UE constituye una llamada de atención a las instituciones comunitarias por la forma de gestionar laPolítica Agrícola Común (PAC).

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Según el sector, se ha instalado en la burocracia: coexisten multitud de normas y exigencias de seguimiento y control, suelos sostenibles, plazos, técnicas de laboreo, manejo de animales y uso de medios de producción, como si detrás de cada peticionario de ayuda hubiera un posible defraudador.

En España, una consigna sobrevuela las protestas: los agricultores reclaman que se garantice el pago justo por cosechas que en los últimos años, como lamentan los agricultores, "se venden a pérdidas". En este sentido centran el disparo en la Ley de Cadena Agroalimentaria que no ha paliado esas ventas por debajo de precio de mercado.

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Otro de los puntos importantes de las protestas se basa en frenar la competencia exterior desleal. El sector acusa a la Comisión de poner a disposición de países de fuera de la Unión Europeaauténticas autopistas de entrada para sus productos y sin que se les exijan las mismas condiciones que a los agricultores europeos.

La sequía

Pero una de las exigencias que despiertan mayores temores, al ser de obligado cumplimiento para cualquier agricultor, son las ambientales. Desde el sector se pide una mayor flexibilidad y que se tenga en cuenta también la rentabilidad de las explotaciones en una situación en la que tienen complicaciones para sacarlas adelante.

Unió de Pagesos exige a la Generalitat el pago de las ayudas comprometidas por la sequía del año pasado en el sector de cereales y herbáceos, mientras que los productores andaluces reclaman mejoras urgentes en las infraestructuras hidráulicas, que están provocando "el 50% de restricciones de agua que sufren los agricultores de provincias como Huelva".

En este sentido, también reclaman una reforma del seguro agrario, para dar mejor cobertura a las nuevas condiciones creadas por el cambio climático. Luis Planas se comprometió esta misma semana a abordar "una adaptación del sistema de seguros del campo", pero no marcó ni dotaciones presupuestarias ni plazos de implementación.

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Por otro lado, el sector reclama un apoyo "más directo y ágil" al gasóleo de uso agrícola. La reivindicación es que el descuento, prorrogado en España desde el pasado 1 de enero, se realice en el lugar de abastecimiento, "como se hizo en la época poscovid para toda la ciudadanía".