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La renovación del CGPJ: sin atisbos de resolverse ante la inminente apertura del Año Judicial

Más de mil días lleva bloqueada la renovación del CGPJ, cuya cúpula se mantiene en funciones desde el año 2018

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Tiempo de lectura: 3'Actualizado 18:00

Más de mil días lleva bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya cúpula se mantiene en funciones desde el año 2018. Una situación que se ha recrudecido durante el inicio del nuevo curso político tras la polémica generada por las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, negando la posibilidad de que sean los propios jueces los que elijan su órgano de gobierno.

Como consecuencia de esta afirmación, el presidente del PP, Pablo Casado, exigió su cese a través de un tuit, circunstancia que provocó que el PSOE saliera en defensa del ministro. También el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, respaldó la comparecencia de Bolaños, lo que ha supuesto –tras muchas polémicas– la unión de los dos partidos del Gobierno de coalición bajo una misma meta común.




Vox no se ha quedado atrás en este conflicto y ha registrado en el Congreso la petición de reprobación y destitución inmediata del ministro de la Presidencia por "socavar", a su juicio, la independencia del poder judicial. El partido de Santiago Abascal critica que el PP defienda ahora la elección del CGPJ por parte de los jueces, después de décadas negociando su renovación con el PSOE y otros partidos del arco parlamentaria.

Una situación con multitud de acusaciones cruzadas sobre las que no se vislumbra ningún avance. Mientras que desde las filas 'populares' estiman como requisito imprescindible para negociar la renovación del CGPJ que a los magistrados los elijan los jueces, al menos el 50%, como plantea el Consejo de Europa, los socialistas sostienen que el actual sistema lleva 35 años aplicándose con gobiernos de ambos colores políticos con el resultado de “grandes consensos”. Tesis, a priori, inamovibles que parecen destinadas a no romper con esta situación de bloqueo que dura ya dos años y medio.

Por su parte, en instancias judiciales confían en que el acto de apertura del Año Judicial, que se celebrará el lunes, suponga un punto de partida que ayude a desencallar la renovación del CGPJ. Una cita que, sin embargo, para la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isa Serra, debería de servir para que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, anuncie su renuncia y la de sus compañeros en el órgano de gobierno de los jueces para forzar su renovación.

La 'opción' Marchena tras el fracaso de Pablo Iglesias en las elecciones madrileñas

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El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha sido otro de los nombres propios que se ha visto salpicado por este asunto. Y es que el magistrado recibió el ofrecimiento tanto por parte de miembros del PSOE como del PP para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo.

Una posición unitaria que hacía esperar el inminente acuerdo sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces aprovechando la salida de Pablo Iglesias del Gobierno. Renovar el Consejo de los jueces, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo se abrían entonces también a la regeneración.

Finalmente, el acuerdo no se efectuó. El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo en la propuesta de vocales al magistrado progresista José Ricardo de Prada, como exigía su socio de Gobierno, escollo insalvable para los populares.

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Montesquieu ha muerto”

El Consejo General del Poder Judicial fue establecido por la Constitución de 1978 (artículo 122), siguiendo los modelos de otros países próximos como Francia, Portugal y, en especial, Italia.

La primera ley del poder judicial, que data de 1981, atribuía a los jueces la designación de doce de los veinte vocales de su órgano de gobierno como claro ejemplo de equidad y apuesta por mantener la independencia judicial.

En 1985, bajo el Gobierno socialista de Felipe González, se modificó el sistema de nombramiento para que el Congreso asumiese todos los nombramientos del CGPJ. Una situación que, por tanto, hacía indiscutible un consenso constitucional en la cámara baja, pero que aislaba a las asociaciones de magistrados. Alfonso Guerra, tras esta modificación legislativa, espetó la recordada frase: “Montesquieu ha muerto”.

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